SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció hoy una importante victoria para el derecho de los agricultores a reparar sus equipos: un acuerdo alcanzado con John Deere que resuelve su demanda antimonopolio de enero de 2025 contra Deere & Company por el uso de prácticas desleales que han incrementado los costos de reparación de equipos para los agricultores, privándolos además de la posibilidad de realizar reparaciones oportunas en equipos agrícolas esenciales, incluidos los tractores.
El acuerdo exige que Deere ponga a disposición de los agricultores y proveedores de reparación independientes sus recursos de reparación actuales y futuros —la mayoría de los cuales, hasta ahora, solo se proporcionaban a los concesionarios autorizados de Deere— durante un período de 10 años.
“Durante demasiado tiempo, las prácticas antimonopolio ilegales han estado asfixiando nuestra economía y la prosperidad de los estadounidenses, mientras que las corporaciones multinacionales y los multimillonarios se han enriquecido enormemente. La práctica ilegal de John Deere de impedir que los agricultores reparen sus propios equipos o elijan quién los repara ha estado elevando los costos agrícolas, perjudicando a las pequeñas empresas independientes y dificultando que los habitantes de Minnesota puedan costear su vida en las comunidades rurales y en todo el estado”, declaró el Fiscal General Ellison. “Este acuerdo representa una victoria para el derecho a reparar, por el cual los agricultores y las pequeñas empresas independientes han luchado con tanto ahínco y que merecen con creces. Asumí esta investigación y demanda desde el principio porque desmantelar nuestra economía para que el resto de nosotros podamos costear nuestra vida ha sido y seguirá siendo mi máxima prioridad. Aún queda mucho por hacer y lo vamos a hacer”.
La demanda presentada por el fiscal general Ellison en 2025 alegaba que, durante décadas, las prácticas ilícitas de Deere limitaron la capacidad de los agricultores y los proveedores de reparación independientes para reparar sus equipos, obligándolos a depender de la red de distribuidores autorizados de Deere para las reparaciones necesarias.
Estos distribuidores utilizan una herramienta de software para diagnosticar y reparar problemas que Deere solo puso a disposición de los distribuidores autorizados. Esta práctica abusiva impulsó las ganancias multimillonarias de Deere en maquinaria y repuestos agrícolas, expandiendo su negocio de repuestos y, al mismo tiempo, sobrecargando a los agricultores con mayores costos de reparación.
El acuerdo alcanzado en la demanda, entre el Fiscal General Ellison, la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales de Arizona, Illinois, Michigan y Wisconsin, quienes son codemandantes en el litigio, exige a Deere lo siguiente:
- Poner a disposición de los agricultores y proveedores de reparación independientes recursos de reparación equivalentes a los que Deere ha puesto a disposición únicamente de los concesionarios autorizados de Deere. Esto incluye capacidades que se correspondan con las capacidades actuales y previstas del producto “PRO Service” de Deere, así como cualquier otra función y capacidad razonablemente necesaria para el mantenimiento, el diagnóstico y la reparación de los equipos agrícolas de Deere. Estas funcionalidades incluyen:
- Lectura, borrado y restablecimiento de códigos de avería electrónicos;
- Re-programación de componentes electrónicos, incluyendo el emparejamiento de piezas electrónicas recién instaladas con equipos;
- Reiniciar una máquina después de una parada relacionada con las emisiones;
- Visualización y búsqueda de manuales técnicos, soluciones para la resolución de problemas y otra información y orientación útil para el diagnóstico, mantenimiento, reparación o actualización de equipos.
- Se pondrán a disposición de los agricultores y los profesionales de reparación independientes (IRP) recursos de reparación futuros una vez que Deere otorgue acceso a más del 50 % de los concesionarios autorizados de Deere. Los recursos de reparación futuros se definen de forma amplia e incluyen sucesores y actualizaciones de PRO Service, así como cualquier herramienta futura que realice alguna de las mismas funciones o que sea razonablemente necesaria para el mantenimiento, diagnóstico o reparación de equipos.
- Instruir a sus distribuidores autorizados para que promuevan y apoyen los recursos de reparación actuales y futuros, y para que no discriminen ni tomen represalias contra ningún agricultor o persona responsable de la reparación que los utilice o los adquiera.
- Proporcionar avisos a los agricultores y clientes del programa IRP de Deere, a sus distribuidores autorizados y al público en general sobre la resolución de conflictos y la disponibilidad de los recursos de reparación de Deere, así como sobre cómo contactar y presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General de Minnesota, otras oficinas de fiscales generales y la División de Cumplimiento de la FTC.
- Deberá presentar informes de cumplimiento a Minnesota, a los demás estados demandantes y a la FTC cada 60 días hasta que complete la implementación inicial de los recursos de reparación, y anualmente a partir de entonces.
- Pagar un total de 1 millón de dólares a Minnesota y a los demás estados demandantes para cubrir sus costas y honorarios legales.
El acuerdo podrá prorrogarse más allá de los 10 años si Deere incumple cualquiera de sus términos.
