CIUDAD DE MEXICO

El pleno de la cámara de diputados en México, avaló por unanimidad las reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el propio presidente de la República, quien a partir de este momento podrá ser sujeto a juicio político. La reforma fue aprobada en lo general, y contando con los 370 votos a favor.

Con ello, se aprueba la propuesta de reformas y la derogación de diversos puntos en los artículos 17, 631, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige al país en materia política y legislativa. En estos artículos, solo se prevé que el presidente del país sólo podrá ser acusado de traición a la patria, y delitos del fuero común durante su ejercicio.

Asimismo, se elimina el proceso que ha de seguir la Cámara de Diputados para hacer la declaratoria de procedencia o el llamado desafuero, con el cual se indicaría que sí procede el someter a un proceso penal a cualquier legislador o servidor público, independientemente si está o no en funciones en su cargo.

En una primera versión de la propuesta discutida y aprobada por la cámara, se excluía la figura presidencial, siendo agregada a la lista de cargos públicos que serán sujetos a las nuevas regulaciones propuestas.

Con ello, todos los funcionarios que ocupen cargos públicos, incluido el presidente, podrán ser sujetos a juicio político, si así se determinase.

Daniel Ordoñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, indicó que, con la aprobación de la reforma, se elimina el fuero como medio de protección para servidores públicos que hayan cometido actos indebidos, con lo cual, dijo Ordoñez, los diputados cubrían una deuda histórica con la ciudadanía, lo cual era a la vez un reclamo social.

En México, el fuero se ha convertido en un elemento de impunidad, toda vez que muchos funcionarios apelan a él para resguardarse de tener que enfrentar a la ley, al cometer actos ilícitos. Desde el diputado que estaciona su comitiva en lugares no autorizados, hasta quienes, en algunos momentos históricos, han cometido crímenes perseguibles en cualquier otro caso, quedando impunes. También, los ex funcionarios de alto rango cuentan con protección y vigilancia en sus hogares, a cargo del erario público, y gozan de dicho fuero.

Un momento importante, especialmente cuando que todas las fracciones representadas en la Cámara apoyaron la propuesta. Ahora debe seguir al Senado, donde se discutirá y se votará igualmente, para que se aplique, reformando los artículos citados. Falta también conocer el procedimiento de implementación, así como los mismos pasos que habrán de seguirse en caso de que se presente una denuncia o evidencias contra algún funcionario. ¿Quiénes serán los encargados de dar seguimiento a los casos presentados?

La reforma aprobada no garantiza, en el formato en que lo ha sido, que la aplicación de la ley sea expedita en contra de quienes resulten responsables. Y a falta de la aprobación de la misma por parte del senado, es necesario también que las comisiones respectivas establezcan los mecanismos y formas que se habrán de implementar para la correcta aplicación de la ley ante la eliminación del fuero. Incluso, han aventurado algunos analistas, podría anticipar un posible escenario en el que un presidente en funciones, que no apoye al sistema como tal en la actualidad, pueda ser acusado y procesado sin mayores problemas.

Por lo pronto, un paso importante, que deberá ser acabado y afinado para llegar a un proceso transparente, democrático y verdaderamente efectivo, al abrir nuevos canales para que la voz ciudadana en México pueda ser escuchada y atendida. Un paso a que, como ocurre en otras democracias, los funcionarios puedan ser juzgados y, en su caso, removidos si no cumplen con el mandato constitucional.