MINNEAPOLIS, MN
Ayer fue el último día para oponerse a la regla propuesta por la Administración Trump de desalojar a inmigrantes indocumentados en familias de estatus mixto (familias con miembros legales e indocumentados) que viven en viviendas asequibles o públicas con apoyo federal.
En su página de Facebook, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey hizo un llamado a su seguidores para que “hagan oír su voz y dejen claro que esta ciudad se opone a separar familias, no solo en la frontera, sino en nuestros vecindarios.”
El cambio propuesto por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano haría que un hogar completo no pueda ser elegible para la asistencia de renta o vivienda pública si al menos un miembro del hogar es clasificado como no elegible debido a su estatus migratorio.
La propuesta, podría forzar a los hogares de inmigrantes de bajos ingresos a dividir a sus familias o enfrentar un posible desalojo de viviendas subsidiadas.
Hasta el momento, 23 estados se han opuesto a la regla que podría desplazar a más de 100 mil personas de familias inmigrantes, incluidos al menos 55 mil niños que son ciudadanos estadounidenses o elegibles de alguna forma a viviendas subsidiadas por el gobierno.
Más de 11 mil personas en todo el país han intensificado y presentado sus comentarios oponiéndose a la propuesta en un movimiento nacional organizado por el Citizens’ Committee for Children.
Mientras que los fiscales estatales presentaron una carta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) oponiéndose ya que la propuesta resultaría en el desalojo no solo de los inmigrantes indocumentados sino también a los miembros de la familia en el hogar que se encuentra legalmente en el país.
En la carta, los fiscales argumentan que la pérdida de los beneficios de vivienda para miles de familias provocará importantes daños económicos y sociales en los estados, incluida una mayor carencia de viviendas, menor productividad y una mayor incidencia de problemas de salud.
Si la norma entrara en vigencia, los proveedores de viviendas privadas y los estados también se verían “agobiados por costos administrativos sustancialmente más altos”.
Los procuradores de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, han firmado la carta oponiéndose a la propuesta.
