Juez federal desestima investigación del departamento de justicia contra Tim Walz y otros funcionarios de Minnesota
ST. PAUL, MN
Un juez federal anuló la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) dirigida contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison y otros funcionarios estatales y locales, al concluir que los citatorios emitidos por el gobierno federal carecían de una justificación legal suficiente y tenían un propósito impropio.
La decisión representa un importante revés para la investigación iniciada a principios de este año, cuando fiscales federales solicitaron documentos y comunicaciones a las oficinas del gobernador, del fiscal general, del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, y de autoridades de los condados de Hennepin y Ramsey. La investigación buscaba determinar si funcionarios de Minnesota habían obstruido las labores federales de inmigración durante Operation Metro Surge, el amplio operativo de control migratorio realizado en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul.
En una opinión de casi 30 páginas, el juez federal Patrick Schiltz concluyó que la evidencia demostraba que los citatorios tenían como objetivo presionar a los funcionarios estatales para que colaboraran con la aplicación de las leyes federales de inmigración y, al mismo tiempo, tomar represalias contra ellos por haber expresado públicamente su desacuerdo con la política migratoria de la administración federal. El magistrado señaló que el gobierno no logró presentar una base investigativa convincente que justificara el uso del gran jurado para obtener la información solicitada.
El caso surgió tras meses de tensión entre el gobierno federal y las autoridades de Minnesota. Durante Operation Metro Surge, el estado fue escenario de redadas migratorias de gran escala, protestas ciudadanas y enfrentamientos políticos sobre el papel que debían desempeñar las autoridades locales frente a las acciones federales. Desde entonces, varios líderes estatales habían criticado públicamente el operativo y defendido el derecho de las ciudades y el estado a establecer sus propias prioridades en materia de seguridad pública.
Tras conocerse el fallo, Walz calificó la decisión como una victoria para el estado de derecho y la democracia. Keith Ellison afirmó que el sistema judicial había reafirmado que las investigaciones penales no pueden utilizarse como herramienta de presión política. El alcalde Jacob Frey también celebró la resolución, señalando que los funcionarios electos deben poder expresar desacuerdos con las políticas gubernamentales sin temor a represalias legales.
Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo que su investigación buscaba determinar si existieron acciones que obstaculizaron el trabajo de las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, el tribunal concluyó que los fundamentos presentados no justificaban mantener los citatorios ni continuar con esa línea de investigación.
La decisión marca uno de los episodios legales más significativos derivados de Operation Metro Surge y podría influir en futuras disputas entre el gobierno federal y los estados sobre los límites de la cooperación en materia de inmigración y la autonomía de las autoridades locales.
