Este mes, dos distritos escolares de Minnesota reactivaron las acciones legales en su lucha por mantener a los agentes del ICE alejados de las escuelas.
Los distritos esperan que el nuevo año académico no sea una repetición del invierno pasado. La represión migratoria en Minnesota provocó condenas por interrumpir las actividades escolares cotidianas el año pasado. Los distritos de Fridley y Duluth recientemente presentó una moción ante el tribunal que busca revocar una política del Departamento de Seguridad Nacional que ya no considera a las escuelas como lugares sensibles.
Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, comentó durante una reunión de la junta escolar en agosto cómo sus colegas en todo Estados Unidos están monitoreando los problemas y cómo responden los distritos de la zona.
“La gente conoce nuestro distrito y cómo nuestra comunidad se unió para proteger a nuestros hijos. Y entonces piensan: ‘Bueno, si eso funcionó aquí, puede funcionar en cualquier lugar’”, explicó Lewis.
La demanda se presentó en febrero y la medida cautelar fue denegada en mayo. Analistas jurídicos destacaron que el tribunal indicó que el fallo no constituía una valoración del fondo del asunto.
A medida que aumentaban las críticas sobre las tácticas del ICE en las escuelas o cerca de ellas, el DHS dijo que no estaba apuntando a los sitios escolares y que se esperaba que la aplicación de la ley en torno a ellos fuera poco frecuente. Las preocupaciones renovadas surgen cuando nuevos datos. Los resultados mostraron que las detenciones del ICE tendieron a aumentar este verano.
Los administradores advierten que, independientemente de que las escuelas encuentren formas adicionales de proteger a los estudiantes de las actividades del ICE, esto supone un gran derroche de recursos.
Amanda Venta, psicóloga infantil titulada y directora del Laboratorio de Estudios sobre la Juventud y la Familia de la Universidad de Houston, afirmó que, a medida que las escuelas dan la bienvenida de nuevo a los estudiantes, deberían mantener relaciones con los organizadores comunitarios de base.
“Lo que vimos al final del último año escolar fue una movilización de escuelas, padres y comunidades locales para proteger a esas familias. Ya fuera recogiendo a los hijos de otras personas de la escuela o llevándose víveres unos a otros”, informó Venta.
Venta agregó que las escuelas suelen ser un lugar donde los niños pueden acceder a servicios de salud mental y animó a los administradores a garantizar que los consejeros y trabajadores sociales estén bien preparados para abordar los traumas relacionados con la inmigración.
“Hay que hacerles comprender que ‘esto es una fuente constante de estrés que no puedo eliminar para este niño, pero puedo acompañarlo y ayudarlo’”, instó Venta. “Hay que enseñarles algunas habilidades para que puedan gestionar sus emociones en el aula”.
