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EL GOBERNADOR WALZ AUTORIZA A LA GUARDIA NACIONAL DE MINNESOTA A BRINDAR ASISTENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DURNATE EL JUICIO FEDERAL POR DERECHOS CIVILES DE EX POLICÍAS DE MINNEAPOLIS

ST. PAUL, MN

El gobernador Tim Walz emitió la Orden Ejecutiva 22-02, que autoriza a la Guardia Nacional de Minnesota a brindar asistencia de seguridad pública.

La acción del gobernador se produce después de la solicitud de la ciudad de Saint Paul de asistencia estatal relacionada con el juicio federal de derechos civiles de los tres ex policías de Minneapolis involucrados en la muerte de George Floyd. Esta orden también significa que la Guardia Nacional estará preparada en caso de que Minneapolis solicite apoyo adicional de seguridad pública luego de la muerte de Amir Locke.

La Orden Ejecutiva 22-02 otorga a la Guardia Nacional de Minnesota la capacidad de ayudar a las fuerzas del orden locales si así lo solicitan. Esta orden no ordena a la Guardia Nacional de Minnesota que asuma puestos en las Ciudades Gemelas en este momento. El estado proporcionará recursos policiales adicionales, incluida la Patrulla Estatal de Minnesota, si es necesaria una respuesta coordinada para ayudar a las fuerzas del orden locales.

“Como medida de precaución para la seguridad de los habitantes de Minnesota, y a pedido de la ciudad de Saint Paul, he autorizado a la Guardia Nacional de Minnesota a hacer preparativos para ayudar a las agencias policiales locales según sea necesario”, dijo el gobernador Walz.

“La Guardia Nacional estará disponible para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”.

Como parte de la planificación continua de seguridad pública y para garantizar una preparación óptima en caso de cambios en el entorno de seguridad pública, el alcalde de Saint Paul ha solicitado asistencia estatal, incluida la Guardia Nacional de Minnesota.

La Orden Ejecutiva 22-02 brinda acceso a una herramienta adicional que puede incluir la preparación y la planificación en apoyo de las agencias locales y estatales de aplicación de la ley y de gestión de emergencias, así como el apoyo de los esfuerzos locales de aplicación de la ley para proteger la vida y la propiedad, garantizar la seguridad pública, y proteger la libertad de expresión al permitir manifestaciones pacíficas.

La Orden Ejecutiva 22-02 entra en vigencia de inmediato.



 


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