SAINT PAUL, MN
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, declinó el aceptar una petición inusual presentada por parte de la Casa Blanca, que planteaba el reconocer poderes al presidente Trump, para eliminar el programa que protege a cerca de 700,000 jóvenes inmigrantes de ser deportados. El resultado representa que esos inmigrantes regularmente llamados “Soñadores” (o Dreamers en inglés), podrían mantenerse en una situación de incertidumbre por mucho más tiempo, al menos que el Congreso decida actuar en decidir sobre su condición de residencia permanente en el país.
La decisión de la suprema corte de no escuchar la apelación presentada por parte de la presidencia, era esperada por muchos, en tanto que no ha habido aún ninguna de las cortes de apelación que se haya manifestado al respecto. La orden presentada por la suprema corte fue breve, sin dar razones, y anotando que no hubo quien se expresara en contra. En la misma se expresaba que era de esperar que la corte de apelaciones procediera de forma expedita para tomar una decisión en torno al caso en cuestión.
Cabe recordar que el presidente de los Estados Unidos decidió finalizar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) el pasado mes de septiembre del 2017, señalando que la medida era inconstitucional, y que suponía el empleo excesivo de poder por parte del presidente Barack Obama. En consecuencia, a partir de la decisión del presidente actual, el debate sobre la persecución de quienes hayan llegado al país a edades tempranas en forma ilegal, se ha revivido.
Hasta el momento, dos jueces federales han ordenado a la administración el mantener la mayor parte del programa en tanto se identifican cambios legales que deban ser implementados. Lo más notable entre ello es que la administración debiera permitir que nuevas solicitudes tengan lugar, y que las de renovación sean aceptadas. La administración federal se ha negado a aceptar tales condiciones. De ahí que se decidiera en el seno de la Casa Blanca, el presentar una apelación ante órganos reguladores de la ley.
El movimiento de la Suprema Corte protegerá temporalmente, al menos en la práctica, a los jóvenes inmigrantes que hayan sido favorecidos por el programa DACA, evitando que sean deportados en forma inmediata, y permitiéndoles el mantener sus empleos en forma legal dentro de los Estados Unidos. De acuerdo con las premisas del programa, el estatus de quienes han sido favorecidos tiene una duración de dos años y es renovable.
La decisión de la corte de no escuchar la apelación podría también eliminar la presión política inmediata sobre los legisladores, quienes han sido requeridos en decidir sobre el estatus de esos inmigrantes, en forma permanente, e incluso el tener que decidir sobre el futuro de un millón adicional de personas, todos ellos Soñadores, que no habrían solicitado entrar en protección bajo el programa DACA. Todos ellos continúan en riesgo de ser deportados en caso de que los agentes de inmigración les lleguen a encontrar.
Un detalle importante del proceso seguido para introducir el texto de la apelación, es que la administración federal decidió presentar el caso directamente a la Suprema Corte, sin pasar por las cortes de apelación de San Francisco, en donde un juez federal habría declarado inviable la medida de suspensión del DACA presentada por el presidente. A partir de entonces, otro juez federal, en Nueva York, decidió igualmente dictaminar en favor de los jóvenes inmigrantes.
La ley parece hoy favorecer a los inmigrantes que llegaran al país sin plena idea, ni consentimiento, que habrían sido primer objetivo de la medida establecida por el ex presidente Obama. Sin embargo, ello no garantiza ninguna estabilidad incluso en el futuro cercano. Simplemente se ha retrasado el proceso, sin que se decida en definitiva su total eliminación.
