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JUEZ FEDERAL ORDENA EL REGRESO A MINNESOTA DE INMIGRANTE NICARAGÜENSE DEPORTADO A ÁFRICA

Juez federal ordena el regreso a Minnesota de inmigrante nicaragüense deportado a África

MINNEAPOLIS, MN

Kenis Adalberto López González, residente de Shakopee, fue enviado a la República Centroafricana después de permanecer detenido por autoridades migratorias. Un juez federal determinó que el gobierno debe regresarlo a Estados Unidos y restablecer su situación migratoria anterior.

Un caso migratorio que ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes en Minnesota dio un giro importante el pasado viernes 30 de octubre, cuando un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos regresar a Minnesota a Kenis Adalberto López González, un ciudadano nicaragüense que había sido deportado a la República Centroafricana, en África.

López González vivía en Shakopee, Minnesota, donde trabajaba en la construcción y había establecido su vida después de llegar a Estados Unidos en 2022. Su caso tomó relevancia luego de que fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero de 2026, durante el operativo migratorio conocido como Operation Metro Surge.

La decisión del juez federal Jeffrey M. Bryan, emitida en St. Paul, representa un importante revés para las autoridades migratorias y pone nuevamente bajo atención la práctica de deportar a personas a terceros países, es decir, naciones que no son sus lugares de origen.

Según los documentos judiciales y los reportes de medios locales, López González llegó a Estados Unidos en octubre de 2022 después de salir de Nicaragua, país donde temía sufrir persecución y represalias contra él y miembros de su familia.

Al llegar a la frontera estadounidense, se presentó ante las autoridades migratorias. Posteriormente se trasladó a Minnesota, donde solicitó protección migratoria.

En agosto de 2024, un juez de inmigración le concedió una protección conocida como withholding of removal, que impide que sea deportado a Nicaragua debido al riesgo de persecución y tortura que podría enfrentar si regresara. Esta protección no equivale a una residencia permanente ni a la concesión de asilo, pero establece restricciones legales sobre su deportación a ese país.

El 15 de enero de 2026, mientras calentaba su automóvil frente a su vivienda antes de dirigirse al trabajo, fue abordado por agentes federales. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, López González mostró su permiso de trabajo, una identificación de Minnesota y los documentos que acreditaban su protección migratoria.

A pesar de ello, fue detenido y trasladado a diferentes centros de detención migratoria en Texas y otros estados.

El 28 de agosto, las autoridades lo enviaron junto con otros migrantes a la República Centroafricana, un país con el que no tenía vínculos personales ni familiares. Según su testimonio, durante el traslado fue sometido a la fuerza después de manifestar su temor de viajar a ese destino. Desde su llegada a la capital, Bangui, permaneció en un complejo donde, según los documentos judiciales, las personas trasladadas desde Estados Unidos tenían severas restricciones para salir.

La decisión del juez federal

La situación llegó nuevamente ante un tribunal federal en Minnesota. Sus abogados argumentaron que tanto la detención como la deportación habían violado sus derechos constitucionales y las protecciones migratorias que ya le habían sido concedidas.

El juez Jeffrey Bryan determinó que existía un riesgo significativo de daño irreparable si López González permanecía en la República Centroafricana mientras continuaba el proceso legal.

En su resolución, el magistrado también cuestionó las condiciones en las que se encontraba el inmigrante y consideró que el gobierno no había justificado adecuadamente sus acciones.

La orden establece que las autoridades federales deben facilitar su regreso a Estados Unidos y devolverlo, al menos temporalmente, a la situación migratoria que tenía antes de su detención en enero.

La resolución representa una victoria legal importante para López González, aunque su regreso físico a Minnesota todavía depende de que el gobierno cumpla con la orden judicial.

El caso también ha movilizado a organizaciones comunitarias de las Ciudades Gemelas. Entre ellas se encuentra Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), organización que ha acompañado a López González y mantenido contacto con él durante su proceso.

Lucho Gómez, integrante de CTUL y conocido de López González, destacó que se trata de una persona trabajadora, padre de familia y miembro de la comunidad que había cumplido con sus responsabilidades mientras esperaba resolver su situación migratoria.

“Kenis es un padre, Kenis es un trabajador de la construcción y fue arrebatado de nosotros. Lo hemos extrañado todos los días”, expresó Gómez, según declaraciones recogidas por MPR News.

Durante una audiencia y manifestación frente al tribunal federal en St. Paul, sus simpatizantes pidieron que se cumpliera con la protección que previamente le había concedido un juez de inmigración.

Un caso que podría tener repercusiones nacionales

La situación de López González forma parte de un debate más amplio sobre la política estadounidense de deportaciones a terceros países. Bajo este mecanismo, el gobierno puede trasladar a personas deportadas a naciones distintas de aquellas de donde proceden, mediante acuerdos con otros gobiernos.

La legalidad de esta práctica se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene previsto escuchar argumentos sobre el tema en diciembre de 2026.

Mientras tanto, la orden emitida en Minnesota constituye un precedente relevante dentro de las disputas judiciales relacionadas con estas deportaciones y las garantías que deben recibir las personas que expresan temor de ser enviadas a un país donde podrían enfrentar peligro.

Para López González, el fallo representa la posibilidad de regresar a Minnesota, reencontrarse con su comunidad y continuar su proceso migratorio bajo las condiciones que tenía antes de ser detenido.

Sin embargo, la historia todavía no concluye: el cumplimiento de la orden federal será el siguiente paso decisivo.

Fuentes locales para este artículo incluyen Star Tribune, MPR y Minnesota Reformer. 




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