SAINT PAUL, MN
El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, anunció la resolución de la demanda interpuesta en octubre de 2022 en nombre del Estado de Minnesota contra Fleet Farm por la venta negligente de armas de fuego a testaferros. El acuerdo con Fleet Farm se produce después de que la Fiscalía General Ellison prevaleciera en los tribunales el otoño pasado contra el intento de Fleet Farm de obtener un juicio sumario y desestimar la demanda.
En el acuerdo, el Fiscal General Ellison obtuvo importantes cambios en las políticas de Fleet Farm que garantizarán la seguridad de los habitantes de Minnesota, así como un pago de un millón de dólares.
“Llevé a Fleet Farm a los tribunales después de que la empresa pusiera en peligro la vida de los habitantes de Minnesota al ignorar las claras señales de advertencia y vender armas a testaferros”, declaró el Fiscal General Ellison. “Las señales de advertencia que Fleet Farm ignoró fueron tan claras que la propia Fleet Farm utilizó esas ventas como ejemplos de señales de alerta en capacitaciones internas. En nombre de los habitantes de Minnesota, los exigimos cuentas por ese comportamiento insensible. El acuerdo de hoy obliga a la empresa a modificar significativamente sus políticas internas para proteger a los habitantes de Minnesota y les impone una sanción económica sustancial.
“En nuestro sistema de justicia penal, responsabilizamos a quienes dañan a otros, y es justo que lo hagamos”, añadió Ellison . “Pero no tenemos por qué detenernos ahí: también podemos responsabilizar a corporaciones como Fleet Farm bajo la ley civil cuando venden armas de fuego a personas de las que sospechan que las revenderán a individuos peligrosos. Este resultado debería servir como una clara advertencia para cualquier otro comerciante o minorista de armas que priorice sus ganancias sobre la seguridad de los habitantes de Minnesota”.
“Toda familia en Minnesota que ha sido devastada por la violencia armada, o que vivió con temor a ella, merece la rendición de cuentas de quienes podrían haberla evitado. Este acuerdo obliga a Fleet Farm a cambiar las prácticas que permitieron que las armas llegaran a manos equivocadas y pusieran en riesgo a las comunidades”, declaró la profesora Megan Walsh, directora de la Clínica de Prevención de la Violencia Armada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. “Para nuestros estudiantes, esto no fue solo un caso; fue una oportunidad para usar la ley en nombre de los habitantes de Minnesota, los sobrevivientes y las comunidades afectadas por la violencia armada. Esperamos que nuestra colaboración con el Fiscal General Ellison en este caso signifique que menos familias sufran el daño que obligó a esta demanda en primer lugar”.
En la sentencia de consentimiento que el Fiscal General Ellison y Fleet Farm presentaron hoy en un tribunal federal, Fleet Farm acepta tomar múltiples medidas significativas en todas sus tiendas de Minnesota para mejorar la detección y prevención de posibles compras fantasmas por parte de Fleet Farm, incluyendo:
- Una lista específica de señales de advertencia de posibles compras fraudulentas que los empleados deben monitorear y en función de las cuales deben actuar, en función del historial de compras de los clientes y su comportamiento en la tienda, entre otras cosas;
- Capacitación mejorada para los empleados de Fleet Farm que venden armas de fuego, incluidos controles de cumplimiento periódicos y sin previo aviso para garantizar que los empleados identifiquen y actúen ante las señales de advertencia de una posible compra por parte de testaferros;
- Software que permite a los empleados rastrear las ventas de armas de fuego en diferentes tiendas de Fleet Farm y ver alertas sobre compradores de armas sospechosos;
- Políticas disciplinarias actualizadas para garantizar que los empleados de Fleet Farm sean disciplinados adecuadamente por no detectar las señales de advertencia de compra de paja; y
- Un nuevo sistema de monitoreo de solicitudes de rastreo que alerta a los empleados sobre ventas a personas vinculadas a armas de delitos previamente recuperadas.
El acuerdo también estipula que, dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la sentencia por consentimiento por parte del tribunal, el Fiscal General Ellison divulgará los documentos internos de Fleet Farm que su oficina obtuvo durante el proceso de descubrimiento de pruebas y utilizó en las declaraciones juradas y en el tribunal. Dichos documentos incluyen advertencias que un gerente de tienda hizo sobre las ventas fantasma, las cuales Fleet Farm ignoró. También incluirán materiales de capacitación creados por Fleet Farm que describen dichas ventas a compradores fantasma como ejemplos “bastante obvios” de lo que debería “dar la voz de alarma”. El Fiscal General también hará públicas todas las transcripciones de las declaraciones juradas y los informes periciales de la demanda.
Fleet Farm también deberá pagar $1,000,000 para resolver la demanda del Fiscal General.
Fleet Farm vendió armas a testaferros, muchas de las cuales no han sido recuperadas por las fuerzas del orden.
En octubre de 2022,el Fiscal General Ellison presentó una demanda contra Fleet Farm , alegando que la empresa vendió armas de fuego negligentemente a testaferros, los ayudó e instigó, y contribuyó al tráfico de armas en Minnesota al permitir que las armas cayeran en manos indebidas. El Tribunaldenegó la moción de desestimación de Fleet Farm en junio de 2023 , sosteniendo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (una ley federal que otorga a la industria de las armas de fuego amplia protección contra litigios) no impedía la demanda del Fiscal General. En junio de 2024, el Fiscal Generalañadió a la demanda reclamaciones en virtud de la Ley de Control de Armas de Minnesota .
En octubre de 2025, el juez federal de distrito John Tunheimrechazó los argumentos de Fleet Farm de que la acción de ejecución civil del Estado carecía de pruebas suficientes para proceder a juicio . La orden del Tribunal reconoció que los comerciantes de armas de fuego con licencia son la primera línea de defensa contra la compra a través de testaferros. La demanda del Estado afecta directamente la seguridad pública de los minnesotanos, como reconoció el Tribunal: «El Estado impugna 37 ventas de armas de fuego independientes a lo largo de muchos meses, y la mayoría de las armas de fuego vendidas en esas transacciones siguen en libertad. Esas armas de fuego no recuperadas representan una amenaza constante para la seguridad pública de los minnesotanos en general».
La decisión del juicio sumario del Tribunal detalló las circunstancias de las ventas de Fleet Farm a dos compradores testaferros o presta nombres, Jerome Horton y Sarah Elwood, y cómo una de las armas que Fleet Farm vendió a Jerome Horton fue utilizada en un tiroteo masivo en el Truck Park Bar en St. Paul que terminó con la muerte de Marquisha Wiley, de 27 años, e hirió a 14 transeúntes.
El Tribunal incluso describió las inquietudes planteadas internamente sobre estas ventas por un gerente de ventas de Fleet Farm: “De hecho, el 31 de julio de 2021, Cory Klebs, gerente de la tienda de Fleet Farm en Blaine, informó a Michelle Granato, una de las empleadas de cumplimiento normativo de armas de fuego de Fleet Farm, sobre su preocupación de que Horton fuera un testaferro”. Sin embargo, el Tribunal señaló que Klebs “aparentemente nunca recibió respuesta” sobre sus inquietudes. El Tribunal destacó además que dos empleados de cumplimiento normativo de armas de fuego de Fleet Farm impartieron capacitación a la empresa sobre “actividades de venta sospechosas”, utilizando las mismas ventas de armas de Fleet Farm al testaferro Jerome Horton en julio de 2021 como un ejemplo “bastante obvio” de lo que “debería alertar” y hacer que “el empleado [se] pusiera en alerta”.
El Fiscal General Ellison continúa responsabilizando a las corporaciones por dañar la seguridad pública
Las personas que cometen delitos deben rendir cuentas por ellos ante el sistema de justicia penal. El Fiscal General participa activamente en el procesamiento penal en Minnesota: la División Penal de la Fiscalía General asiste a los fiscales de condado de todo Minnesota, a petición de estos, en el procesamiento de personas que han cometido delitos violentos graves y cuenta con un amplio historial de condenas.
Al mismo tiempo, cuando las corporaciones crean condiciones que contribuyen a perjudicar la seguridad pública y luego se niegan a rectificarlas al tener conocimiento de ellas, también deben rendir cuentas. Exigir responsabilidades civiles a las corporaciones no sustituye el procesamiento penal de quienes perjudican a otros; más bien, complementa el procesamiento penal al exigir responsabilidades a los actores corporativos en etapas anteriores por su papel en la creación de condiciones que perjudican la seguridad pública y facilitan actos delictivos individuales.
