MINNEAPOLIS, MN. Por Américo Mendoza-Mori
Hace seis meses dejé Massachusetts para iniciar una nueva etapa como profesor de humanidades en Minnesota. Llegué con ilusión por empezar un nuevo trabajo, construir una vida y aprender de un lugar conocido desde hace mucho por su compromiso cívico y su fuerte sentido de comunidad. Mis primeras experiencias me hicieron sentir que había tomado la decisión correcta. Desde mis primeros días en el campus, mis estudiantes en St. Olaf College me recibieron con generosidad y apertura, deseosos de compartir lo que Minnesota significaba para ellos y por qué les importaba tanto llamarlo hogar.
Minnesota me dio una cálida bienvenida. Mi aprendizaje sobre su herencia nórdica comenzó en la misma universidad donde enseño y se extendió a las formas en que esa tradición ha moldeado las costumbres locales y la vida pública. También me encontré con las múltiples comunidades que hoy definen el paisaje cívico del estado, incluida la somalí, cuya presencia ha transformado barrios enteros en Minnesota a través del emprendimiento, las instituciones culturales y la participación cívica. Mi acercamiento a las crecientes comunidades latinas me llevó a lugares como Mercado Central y Plaza México, donde escenas, sabores y sonidos familiares me ofrecieron una sensación de hogar. Como inmigrante proveniente de Perú, esos momentos importaron. Me ayudaron a sentirme en un espacio familiar. Sin embargo, en los últimos meses esos mismos barrios se han convertido en escenarios de mayor vigilancia migratoria, transformando espacios de encuentro en lugares de temor y afectando a los pequeños negocios que los sostienen.
La comunidad somalí de Minnesota es otra parte fundamental de esa vida cívica cotidiana. Muchos somalíes de Minnesota son ciudadanos estadounidenses que han vivido aquí durante décadas, criando a sus familias y contribuyendo al estado a través del comercio, la cultura y el servicio público. No obstante, en los últimos meses el aumento de la aplicación de las leyes migratorias y la retórica hostil han vuelto inciertas sus rutinas diarias. El mensaje que reciben no es de protección, sino de sospecha.
Para comprender mejor las tradiciones locales, asistí a la Feria Estatal de Minnesota, donde los hijos de una colega del trabajo exhibían con orgullo el ganado que crían y pude observar de primera mano la mezcla de valores rurales y urbanos que los habitantes de este estado aprecian. En todas partes percibí una creencia compartida en la justicia, el trabajo duro y el cuidado mutuo. Incluso me uní a un club de caminatas en español enfocado en construir comunidad más allá de las diferencias. Minnesota se sentía tranquila y segura, no porque fuera perfecta, sino porque su cultura cívica ha dependido históricamente de una activa participación. Yo estaba viviendo esto no desde la distancia, sino mientras construía una vida cotidiana entre personas que ahora se ven directamente afectadas.
Luego, en los últimos meses, esa sensación de seguridad comenzó a resquebrajarse.
Bajo la segunda administración de Donald Trump, la aplicación de las leyes migratorias en Minnesota se ha intensificado mucho más allá de cambios rutinarios de política pública. Agentes federales han ampliado la vigilancia y las redadas en espacios públicos, barrios residenciales, escuelas y centros de salud. Lo que se ha presentado como un esfuerzo por “restablecer el orden” ha producido, en cambio, confusión, miedo e inestabilidad, no solo a nivel local sino también en el debate nacional sobre las tácticas de cumplimiento y la seguridad pública. Calles que antes parecían ordinarias ahora se sienten impredecibles. Comunidades que antes confiaban en las instituciones públicas hoy dudan antes de recurrir a ellas.
Las consecuencias más devastadoras han sido humanas, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses. En enero, Renee Good, una mujer de 37 años, fue asesinada a tiros en Minneapolis durante una operación migratoria llevada a cabo por agentes federales. Días después, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y miembro activo de su comunidad, también fue asesinado durante una operación federal vinculada a protestas por esa violencia. En otro incidente, ICE detuvo a un niño de cinco años, hijo de inmigrantes ecuatorianos, cuando regresaba a su casa después de la escuela en un suburbio de Minneapolis. Podemos debatir tácticas y protocolos, pero ningún debate puede ocultar la realidad de que se perdieron vidas y comunidades enteras quedaron conmocionadas.
Esta disrupción importa porque contradice la justificación ofrecida para estas acciones. A lo largo de su campaña y presidencia, el presidente Trump ha sostenido que las ciudades estadounidenses están sumidas en el caos y que una intervención federal agresiva es necesaria para restaurar la seguridad. Sin embargo, los datos no respaldan esa narrativa. Según estadísticas del FBI y del Departamento de Justicia, las tasas de delitos violentos y homicidios disminuyeron en las principales ciudades de Estados Unidos tanto en 2023 como en 2024. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., reportaron caídas de dos dígitos en los homicidios. A nivel nacional, la tasa de homicidios descendió en más del 10 por ciento en 2024.
Además, algunos de los estados con mayores índices de violencia están gobernados por administraciones republicanas, lo que complica la idea de que el liderazgo político por sí solo explique los resultados en materia de seguridad pública. La repetida representación de las ciudades gobernadas por demócratas como intrínsecamente peligrosas se basa más en narrativas selectivas que en evidencia empírica.
La opinión pública parece estar tomando nota. Una reciente encuesta de The New York Times y Siena College realizada a mediados de enero mostró que, aunque los votantes están divididos en torno a las deportaciones y la seguridad fronteriza, una clara mayoría considera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ido demasiado lejos. El 61 por ciento de los votantes calificó sus tácticas como excesivas, incluido el 71 por ciento de los independientes y casi uno de cada cinco republicanos. Solo el 36 por ciento aprobó el desempeño general de ICE.
En última instancia, lo que más me preocupa no es el desacuerdo sobre la política migratoria en sí. Personas razonables pueden tener posturas distintas sobre fronteras, visas y aplicación de la ley, y esos debates son legítimos en la esfera pública. Lo inquietante es la brecha entre la promesa de orden y la realidad de la disrupción. Cuando la aplicación de la ley se vuelve performativa y el miedo se convierte en una estrategia de gobierno, el resultado no es seguridad sino erosión de la confianza.
A las personas de Minnesota: les estoy muy agradecido. He visto a vecinos negarse a mirar hacia otro lado e insistir en que el cuidado, la responsabilidad y la dignidad sigan siendo innegociables, incluso bajo presión y, con frecuencia, en ausencia de un liderazgo claro desde arriba. Esa determinación importa no solo aquí. Recuerda a comunidades de todo el país que la seguridad pública no se mide por cuánto miedo puede generar un gobierno, sino por cuán bien se protegen las personas entre sí cuando las instituciones fallan.
Como inmigrante y educador, no me mudé aquí a la ligera. Llegué consciente de las fortalezas cívicas y culturales de Minnesota, pero también de lo frágiles que pueden volverse cuando el poder federal se ejerce sin consideración por las realidades locales. Los últimos meses han mostrado con claridad cuán rápido puede erosionarse la sensación de estabilidad y por qué esa erosión merece atención nacional.
Américo Mendoza-Mori es profesor en el departamento de Lenguas Romances en St. Olaf College.
