SAINT PAUL, MN
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota concedió la solicitud del Fiscal General Keith Ellison de una orden judicial preliminar desde el estrado, protegiendo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para los casi medio millón de habitantes de Minnesota que dependen del programa para poner comida en la mesa.
La orden preliminar bloquea la exigencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) del 16 de diciembre de que, en un plazo de 30 días, Minnesota entreviste personalmente a aproximadamente 100,000 hogares que reciben beneficios del SNAP para verificar su elegibilidad para el programa. El 23 de diciembre, el Fiscal General Ellison presentó una demanda contra el USDA impugnando esta exigencia imposible. La administración Trump había amenazado con cortar la financiación administrativa del SNAP de Minnesota y descalificarlo por completo a menos que Minnesota cumpliera con las exigencias del USDA, que según la ley federal tiene prohibido hacer.
En la audiencia de ayer para determinar si el USDA podía excluir a Minnesota del SNAP y recortar los fondos administrativos del SNAP de nuestro estado, funcionarios del USDA entregaron a un abogado de la Fiscalía General una carta en la que se indicaba que ya habían recortado los fondos administrativos. La orden preliminar emitida por el tribunal también bloqueó esa acción.
“Hemos ganado otra batalla en la guerra de la administración Trump contra Minnesota”, declaró el Fiscal General Ellison. “Antes de ser republicanos o demócratas, somos minnesotanos, y debería sorprendernos y repugnarnos que este presidente intente quitarles el pan a medio millón de nuestros vecinos. Me complace haber impedido que esto suceda y seguiré haciendo todo lo posible para enfrentar a la administración Trump cuando intente perjudicar a la gente de Minnesota”.
En Minnesota, aproximadamente 440.000 personas reciben beneficios SNAP cada mes, incluidos aproximadamente 180.000 niños, 70.000 personas mayores y 50.000 adultos con discapacidades.
