SAINT PAUL, MN
Un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso busca restablecer derechos de negociación para ciertos empleados federales después de una prohibición impuesta por la administración Trump.
Los trabajadores estatales de Minnesota afirmaron que un intento exitoso contribuiría a su labor de protección del público. En marzo, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para despojar a más de un millón de empleados federales de sus derechos de negociación colectiva. Entre otras cosas, afirmó que la medida era en beneficio de la seguridad nacional. Sin embargo, los opositores argumentaron que se trata claramente de una medida antisindical que perjudica a los servidores públicos.
Lydia Fess, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Departamento de Salud de Minnesota, dijo que muchos trabajadores estatales ven que sus funciones se superponen con las de sus socios federales, y los recortes de empleos y acciones similares hacia sus colegas se sienten de manera importante.
“Ha sido un reto seguir adelante con los proyectos”, explicó Fess. “Ha sido difícil saber con quién de nuestros socios federales podemos contar en caso de emergencia”.
Fess también es miembro de la Asociación de Empleados Profesionales de Minnesota y expresó su satisfacción por la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que, en esencia, anula la orden ejecutiva de la administración Trump. Incluso con el apoyo republicano para impulsar la medida, los analistas políticos afirman que sus posibilidades de éxito en el Senado no son tan prometedoras.
Los republicanos en Washington también han argumentado actividades sindicales interferir demasiado con el tiempo en el trabajo, pero la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno respondió que es otro intento de “difamar a los representantes de los empleados que cumplen con sus deberes legales”.
Fess agregó que los formuladores de políticas que sugieren que organizarse es un desperdicio de dinero de los contribuyentes deben repensar su enfoque para crear eficiencias.
“Hemos visto muchísimos casos de personas despedidas con muy poco o ningún aviso, y luego reincorporadas porque se dan cuenta de que recortan personal que realiza trabajos que nadie más puede hacer”, observó Fess. “Eso no es eficiente. No es una buena administración del dinero de los impuestos”.
En una encuesta realizada a principios de este año por la Asociación para el Servicio Público, 57% de los encuestados dijeron que sentían que el manejo de la fuerza laboral federal por parte de la administración Trump tendrá un efecto negativo en el país.
