MINNEAPOLIS, MN

Se acerca, como se ha escrito anteriormente, el ejercicio censal del 2020. Dicho ejercicio es un evento que permite medir el volumen y características principales de la población en el país.

Una fotografía que permite determinar necesidades presentes y futuras de la sociedad. Un estado de la población que debe ser empleado para mejor diseñar programas y acciones que contribuyan al bienestar de la mayoría. Información crucial para incluso redefinir el mapa político de un país. 

Hace ya un tiempo, se había anunciado que este ejercicio de conteo poblacional incluiría una pregunta sobre la condición ciudadana de los individuos. Ser o no ciudadanos, en la perspectiva de la presente administración, es definitoria para determinar ciertas condiciones. Entre las que se han enarbolado públicamente, se encuentra la determinación de la condición que tienen los residentes de la nación para participar en procesos electorales como votantes. La justificación se deriva de que el mismo presidente del país ha señalado, sin haberlo nunca probado, que en las pasadas elecciones “millones” de indocumentados habrían participado en el proceso. 

Sin embargo, para muchos, esto es tan solo un argumento legaloide que buscaría acceder a información sobre condiciones migratorias de los residentes del país, para multiplicar el ejercicio anti-inmigrante que hoy se percibe en el país entero. El establecer dos categorías de pobladores en este país ha sido visto también como un evento discriminatorio, que crearía, como ha sido ya en el pasado, un grupo social de privilegios, frente a otro que sería cuestionado y calificado como de segunda. 

Este lunes, el secretario de Comercio. Wilbur Ross anunció que habría decidido incluir de nueva cuenta la pregunta sobre ciudadanía en el censo del 20, indicando como justificación el argumento de que el propio Departamento de Comercio podría determinar el número de personas elegibles para votar. 

Una decisión que podrá tener consecuencias en diversos frentes en todo el país, y que ha sido ya criticada duramente por parte de legisladores y líderes de gobierno a nivel estatal y federal. El fundamento de las mismas se sustenta en una realidad: si bien incluso antes de la implementación de dicha pregunta demasiada gente se sentía sin deseos de participar en el conteo censal, hoy, dado el ambiente político y las amenazas que surgen desde Washington, el número podría incrementarse. 

Con la inclusión de la pregunta, el número de personas indocumentadas que respondan al censo se verá severamente afectado, disminuyendo en su proporción significativamente. Pero también millones de personas que han decidido no abrazar y adquirir la ciudadanía estadounidense, podrían decidir no responder al cuestionario censal, o bien evitar responder a la pregunta expresa. 

Como consecuencia de lo anterior, el conteo poblacional mostraría una sub-enumeración de población de magnitud considerable. El impacto de esto sería significativo, sobre todo en materia de planeación presupuestaria en la prestación de servicios de vivienda, salud, educación. Al contarse menos de los que realmente sean los habitantes de cualquier región, los servicios serán diseñados para servir a una demanda menor a la que tendrán que enfrentar. Igualmente, la representación política de las distintas localidades se vería reconfigurada dada la reducción en el número contado de habitantes, ya sea con el reacomodo del número de representantes y senadores, o bien a través de la redefinición del peso del voto por estado en las contiendas electorales por venir. 

Son ya numerosas las entidades en las que se ha interpuesto una demanda legal en contra de la inclusión de dicha pregunta en el cuestionario censal.

Y se espera que el número crezca a nivel de autoridades locales. Lo que queda claro, es que esta medida se presenta sin realmente se hayan estimado las consecuencias de la misma. Sin considerar que el ambiente político de por sí ha motivado a muchos a salir en busca de algo mejor. Sobre todo, se especula en la viabilidad de la implementación de la medida, que en lugar de responder a lo expresado por el Departamento de Comercio, se generen problemas mayores en el conocimiento y ubicación de los problemas que exigen solución.