SAINT PAUL, MN
El Fiscal General Ellison anunció una importante victoria en una demanda multiestatal que él y una coalición de otros fiscales generales presentaron contra la administración Trump por su intento de coaccionar ilegalmente a los estados para que apliquen medidas radicales de control de inmigración amenazando con retener miles de millones de dólares en fondos federales para la preparación para emergencias y la prevención y el abordaje de ataques terroristas, tiroteos masivos, incendios forestales, inundaciones, amenazas a la ciberseguridad y más.
Ayer por la tarde, 24 de septiembre,el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Rhode Island concedió la moción de sentencia sumaria que el Fiscal General Ellison y 20 fiscales generales solicitaron en su demanda del 13 de mayo de 2025 contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El tribunal dictaminó que las agencias violaron la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo al condicionar todos los fondos federales de FEMA y el DHS a la conformidad de los estados para ayudar a aplicar la ley federal de inmigración.
En la decisión de ayer, el tribunal acordó que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al agregar las condiciones, entre otras cosas porque la agencia no consideró la seguridad pública al hacerlo y porque las condiciones son excesivamente amplias y ambiguas. El tribunal también determinó que las condiciones violan la Cláusula de Gastos de la Constitución.
El tribunal rechazó el argumento del DHS de que imponer condiciones relacionadas con la inmigración a la financiación de las subvenciones era apropiado simplemente porque muchas de estas están diseñadas para prevenir y responder a actos de terrorismo. En cambio, el tribunal determinó que el DHS no hizo ningún esfuerzo serio por justificar su acción con base en hechos. De hecho, el tribunal concluyó que el lenguaje vago y confuso utilizado en las condiciones hacía prácticamente imposible que los estados las cumplieran.
El estado de Minnesota utiliza fondos de FEMA para colaborar con las fuerzas del orden locales en la lucha contra la delincuencia, brindar apoyo para la gestión de incidentes tras desastres naturales, adquirir equipo para el escuadrón antibombas, capacitar a los servicios de emergencia y más. Perder el acceso a estos fondos habría puesto en peligro la seguridad pública en todo Minnesota.
“La Administración Trump intentó impedir que nuestros impuestos regresaran a Minnesota para financiar las fuerzas del orden, prepararse para desastres naturales y mejorar la seguridad pública. Afortunadamente, no lo lograron”, declaró el Fiscal General Ellison. “Los habitantes de Minnesota estarían menos seguros si nuestra policía dejara de lado sus patrullajes, investigaciones y trabajo de participación comunitaria para, en cambio, aplicar las prioridades migratorias de Trump. Me complace haber bloqueado con éxito este intento inconstitucional de desviar recursos policiales de las comunidades a las que sirven, y seguiré defendiendo el estado de derecho y protegiendo los derechos y la seguridad de los habitantes de Minnesota en todas partes”.
En febrero, la secretaria Noem ordenó al DHS y a sus subagencias, incluyendo FEMA, suspender la financiación federal a las jurisdicciones que no asisten al gobierno federal en la aplicación de la ley federal de inmigración. En marzo, el DHS modificó los términos y condiciones que impone a todos los fondos federales para exigir a los beneficiarios que certifiquen que colaborarán en la aplicación de la ley federal de inmigración. Estas nuevas y radicales condiciones exigirían a los estados y a sus agencias cooperar con las iniciativas federales de control de inmigración o perderían miles de millones de dólares federales que los estados destinan a proteger la seguridad pública.
Al presentar la demanda en mayo , Ellison y la coalición argumentaron que las condiciones migratorias excedían la autoridad legal del DHS y violaban la Constitución, ya que los programas en cuestión se establecieron para ayudar a los estados a prepararse, protegerse, responder y recuperarse ante desastres catastróficos, no con fines migratorios. El tribunal de distrito coincidió, sosteniendo que imponer la condición a todos los programas del DHS y FEMA, independientemente de su propósito, era ilegal.
Junto al Fiscal General Ellison en la demanda, que fue codirigida por los fiscales generales de California, Illinois, Nueva Jersey y Rhode Island, estuvieron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Washington, Wisconsin y Vermont.
