SAINT PAUL, MN
El fiscal general Ellison se unió a una coalición de 21 fiscales generales para presentar dos demandas en defensa de las especies en peligro de extinción y amenazadas: una contra el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (FWS) y otra contra el FWS y el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS) (en adelante, “los Servicios”).
Las demandas impugnan las nuevas normas que debilitan las protecciones esenciales para la vida silvestre bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) y amenazan la supervivencia de las especies en peligro.
Estas normas facilitan que empresas o particulares modifiquen o degraden los hábitats de las especies amenazadas y en peligro de extinción incluidas en la lista, dejando a las especies amenazadas sin protecciones fundamentales.
“Los esfuerzos de la administración Trump por revertir importantes protecciones para las especies en peligro de extinción son tan ilegales como alarmantes”, declaró el fiscal general Ellison. “Estos cambios, que incluyen redefinir la palabra ‘daño’ para facilitar la degradación de los hábitats naturales de las especies en peligro de extinción, son moralmente reprobables y claramente contradicen la intención del Congreso al aprobar la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Hoy, denuncio a Trump y a su gobierno ante los tribunales para impedirles promulgar normas que perjudiquen ilegalmente a especies que ya se encuentran en peligro de extinción o amenazadas”.
Las nuevas normas ponen en riesgo a las especies y sus hábitats.
La primera demanda de la coalición impugna la derogación por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de la definición reglamentaria vigente de “daño”. Anteriormente, la norma definía el daño como “modificación o degradación significativa del hábitat” que pudiera matar o herir a la fauna silvestre al dañar los hábitats naturales y los patrones de comportamiento de las especies, incluyendo la reproducción, la alimentación o el refugio. Alterar esta definición reduce la protección de los hábitats y facilita su daño o destrucción, incluso cuando dicha destrucción amenaza la supervivencia de especies protegidas.
La segunda demanda impugna dos cambios normativos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) que reducen la protección de las especies amenazadas y crean un nuevo proceso para designar áreas como “hábitat crítico”. La primera norma deroga las regulaciones del FWS que protegían automáticamente a todas las especies amenazadas recién incluidas en la lista. La segunda norma establece un nuevo proceso para designar áreas como “hábitat crítico”, lo que dejará áreas esenciales para la conservación de las especies sin la protección prevista por el Congreso. En conjunto, estos cambios ponen en riesgo a las especies amenazadas y en peligro de extinción, así como a sus hábitats, y socavan la protección integral que el Congreso estableció en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA).
Las investigaciones demuestran que la pérdida de hábitat es la principal causa de la disminución de especies. En ambas demandas, el Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que la justificación del Servicio para debilitar las protecciones de hábitat es contraria a la intención de la ESA, que el Congreso promulgó para proteger la vida silvestre en peligro de extinción y amenazada, así como los ecosistemas de los que dependen para sobrevivir. En la segunda demanda, el Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que la revocación por parte del FWS de las protecciones automáticas para las especies amenazadas recientemente incluidas en la lista es contraria al propósito de conservación de la ESA, ya que deja a las especies amenazadas sin la protección necesaria para su supervivencia y aumenta sustancialmente el riesgo de que se conviertan en especies en peligro de extinción. La coalición argumenta que estas normas también son contrarias a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Junto con el fiscal general Ellison, en la presentación de las demandas de hoy, que fueron codirigidas por los fiscales generales de Massachusetts, California, Maryland y Washington, se encuentran los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
