SAINT PAUL, MN. Por Mike Moen.
Esta semana, los legisladores de Minnesota escucharon testimonios sobre los efectos en cadena que sufren las personas estrechamente vinculadas a los programas de servicios sociales a medida que el estado combate el fraude.
Una audiencia del comité del Senado incluyó ejemplos de pacientes y profesionales de la salud que detallaron interrupciones en el servicio. Un tema recurrente fue la revalidación de los proveedores médicos que reciben reembolsos de Medicaid. El gobierno federal amenazó con retener El estado perdería 2.000 millones de dólares en financiación si no revisaba rápidamente la situación de los proveedores con problemas de documentación.
Addyson Carpenter, residente de Red Wing que depende de servicios de discapacidad a domicilio y preside el Consejo de Discapacidad de Minnesota, dijo que el atasco administrativo ha sido una pesadilla.
“Mi vida transcurre entre ir y venir a clínicas, servicios de urgencias y hospitales. No contar con un servicio de enfermería afecta mi capacidad para ser madre, trabajar, pasar tiempo con mi familia, participar en mi comunidad, defender las causas que me apasionan e incluso hacer planes cotidianos”, explicó Carpenter.
Los líderes del Departamento de Servicios Humanos dijeron que escuchan las preocupaciones y están haciendo todo lo posible para mitigar los retrasos en el servicio. Sin embargo, recalcaron que la administración Trump les había dado un plazo de cinco meses para un proceso que normalmente duraría mucho más. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han evitado hacer comentarios públicos sobre las gestiones de Minnesota, y los funcionarios estatales sugieren que la falta general de claridad por parte del gobierno federal complica aún más la situación.
Joel Bakken, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Solutions Behavioral Healthcare Professionals, que brinda servicios para el autismo y ayuda con la gestión de casos de salud mental, dijo al panel que, a pesar de que su equipo responde rápidamente a las solicitudes, el proceso es defectuoso debido a la información errónea, lo que deja a los proveedores legítimos en una situación difícil.
“Si el objetivo es reducir el acceso a servicios legítimos y de alta calidad para el autismo en Minnesota, el sistema de revalidación actual está logrando precisamente eso”, declaró Bakken.
En la última sesión, los legisladores de Minnesota tomaron varias medidas para prevenir futuros fraudes tras casos de gran repercusión, pero quienes testificaron dijeron que el estado no se centra lo suficiente en las repercusiones actuales para las poblaciones vulnerables.
Mientras tanto, se prevé que el próximo año se vuelvan a presentar proyectos de ley para sancionar a los empleados estatales negligentes. Es probable que esto genere oposición por parte de los sindicatos, quienes temen perder sus derechos al debido proceso y que los empleados estatales de base carguen con demasiada culpa.
