Saint Paul, MN.
Minnesota El fiscal general Keith Ellison, junto con una coalición de 23 fiscales generales y dos gobernadores, llegó a un acuerdo que impide que la administración Trump desmantele nuevamente AmeriCorps sin previo aviso.
El acuerdo resuelve la demanda interpuesta en abril de 2025 , modificada en julio del mismo año , por el fiscal general Ellison y la coalición en respuesta a los reiterados intentos de la administración por desmantelar los programas de voluntariado del país. Como resultado de la demanda, la administración Trump se vio obligada a restablecer casi 400 millones de dólares en programas de AmeriCorps que habían sido cancelados y acordó liberar más de 184 millones de dólares para programas de servicio en Minnesota y en todo el país.
Los recortes que la demanda impidió habían puesto en peligro la supervivencia de esos programas. Este acuerdo protege la financiación y a los participantes de dichos programas también para el año fiscal 2026.
“AmeriCorps refleja los valores de Minnesota de contribuir a la comunidad, ayudar a quienes atraviesan dificultades y mejorar la vida de las personas”, declaró el fiscal general Ellison. “El año pasado, me uní a la mitad de los estados de nuestro país para defender estos valores, y ahora hemos ganado la batalla para impedir que la administración Trump desmantele arbitraria y cruelmente este programa esencial. Seguiré luchando contra los intentos de Trump de atacar los valores de Minnesota y seguiré defendiendo el estado de derecho y lo mejor de nuestra identidad”.
AmeriCorps apoya programas de servicio comunitario a nivel nacional y estatal financiando y asignando voluntarios a organizaciones locales y nacionales que atienden necesidades comunitarias críticas. Organizaciones en Minnesota y en todo el país dependen del apoyo de AmeriCorps para reclutar, asignar y supervisar a sus miembros a nivel nacional.
Según los términos del acuerdo , AmeriCorps declara que no prevé que, durante el año fiscal 2026, rescinda subvenciones masivamente como lo hizo en la primavera de 2025, realice reducciones de personal sindicalizado más allá de ciertos recortes previamente planificados, o despida masivamente a sus miembros. Si AmeriCorps tomara alguna de estas medidas o realizara un cambio sustancial en la prestación de sus servicios de voluntariado, deberá notificar por escrito a los estados de la coalición con al menos 30 días de antelación e indicar la base legal en virtud de la cual toma dicha medida.
AmeriCorps también se ha comprometido a destinar prácticamente la totalidad de sus fondos para el año fiscal 2026 antes del 30 de septiembre de 2026, y a administrar sus programas National Civilian Community Corps (NCCC) y AmeriCorps VISTA de conformidad con las leyes federales que los rigen. Según el acuerdo, AmeriCorps no podrá alterar las condiciones de servicio actuales de los participantes de NCCC o VISTA, salvo en circunstancias específicas y legales que se detallan en el acuerdo.
El acuerdo suspende el litigio hasta el 1 de febrero de 2027, fecha en la que la coalición desistirá voluntariamente de la demanda sin perjuicio, siempre que AmeriCorps haya cumplido con sus compromisos. Si la coalición determina que AmeriCorps no ha cumplido, podrá solicitar al tribunal que levante la suspensión y reanude el litigio. La coalición también se reserva el derecho de impugnar otras conductas ilícitas de AmeriCorps, ya sea mediante una demanda enmendada durante la suspensión o mediante una nueva acción durante o después de la misma.
La coalición inició el litigio en abril de 2025 , después de que la administración Trump despidiera a casi el 90 % de la plantilla de AmeriCorps, cancelara sus contratos y clausurara programas financiados por AmeriCorps por un valor de 400 millones de dólares. En junio de 2025, un tribunal federal concedió la solicitud de la coalición de una orden judicial preliminar que obligaba a la administración a restablecer los programas que habían sido cancelados ilegalmente. Posteriormente, en agosto de 2025, tras una nueva solicitud de orden judicial preliminar presentada por la coalición, la Oficina de Administración y Presupuesto federal accedió a liberar más de 184 millones de dólares en fondos de AmeriCorps que había retenido.
Junto con el fiscal general Ellison de Minnesota, participan en el acuerdo los fiscales generales de Maryland, California, Colorado y Delaware, quienes codirigieron la coalición, así como los fiscales generales de Arizona, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
