SAINT PAUL, MN
El Fiscal General Ellison obtuvo una orden judicial que detiene los intentos de la administración Trump de desmantelar el Departamento de Educación (ED). El 13 de marzo, el Fiscal General Ellison se unió a una coalición de otros 20 fiscales generales para demandar a la administración después de que anunciara planes para eliminar el 50% de la fuerza laboral del ED.
Tras una Orden Ejecutiva del 20 de marzo que ordenaba el cierre del ED y el anuncio del Presidente Trump del 21 de marzo de que, además de implementar despidos, el Departamento debe transferir “inmediatamente” la gestión de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera del Departamento, el Fiscal General Ellison y la coalición buscaron una orden judicial preliminar para detener de inmediato los despidos masivos y la transferencia de servicios. Hoy, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts otorgó la orden judicial preliminar , deteniendo las políticas de la administración que desmantelarían el ED y ordenando que todos los empleados que fueron despedidos como parte de los despidos sean reincorporados.
“Decenas de millones de estudiantes en todo Estados Unidos dependen del Departamento de Educación para recibir la educación de alta calidad que cada niño merece”, declaró el Fiscal General Keith Ellison. “El intento del presidente Trump de desmantelar el Departamento de Educación y sembrar el caos en nuestras aulas es profundamente inquietante. Me enorgullece haber demandado para detener esta acción ilegal y me complace anunciar que, a partir de hoy, un tribunal bloqueó temporalmente este ataque a nuestras escuelas mientras dure la demanda. Espero continuar litigando este caso y defender a nuestros estudiantes, docentes, administradores y auxiliares docentes”.
El Fiscal General Ellison y la coalición argumentaron en su demanda y solicitud de una orden judicial preliminar que los ataques de la administración Trump al Departamento de Educación (ED) son ilegales e inconstitucionales. El ED es una agencia ejecutiva autorizada por el Congreso, con numerosas leyes que crean sus diversos programas y fuentes de financiación. La demanda de la coalición afirma que el poder ejecutivo no tiene la autoridad legal para desmantelarlo unilateralmente sin una ley del Congreso. Además, el Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que los despidos masivos del ED violan la Ley de Procedimientos Administrativos.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación de la demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia.
