SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, se unió hoy a una coalición de 22 fiscales generales para instar a un tribunal federal de apelaciones a que confirme una orden de un tribunal inferior que exige a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. que cumplan con las garantías legales al realizar arrestos sin orden judicial.
La ley federal permite a los agentes de inmigración realizar un arresto sin orden judicial únicamente cuando existe causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en el país y es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden judicial. En el caso Ramirez Ovando v. Mullin , un tribunal federal de distrito en Colorado emitió una orden judicial preliminar tras determinar que los agentes del ICE habían realizado arrestos ilegales sin orden judicial, sin evaluar si existía la posibilidad de que las personas escaparan antes de que se pudiera obtener una orden judicial. Posteriormente, el tribunal determinó que el ICE continuó realizando arrestos en violación de la orden judicial. Las autoridades federales apelaron la orden judicial ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos.
En un escrito de amicus curiae presentado ante el Décimo Circuito, el Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que la orden judicial preliminar contra el ICE sirve al interés público al exigir que los agentes federales de inmigración cumplan con las salvaguardias legales vigentes.
“Nadie está por encima de la ley, ni por debajo de ella”, declaró el fiscal general Ellison. “Es de interés para todos los estadounidenses que las fuerzas del orden respeten los límites de la ley. Esta es la premisa fundamental de nuestra solicitud para que el tribunal de apelaciones ratifique el fallo que exige al ICE cumplir con las garantías legales básicas al realizar arrestos sin orden judicial. Estos límites protegen a todos”.
El informe subraya la importancia del requisito vigente sobre el riesgo de fuga, que impide a los agentes federales realizar arrestos sin orden judicial sin una determinación individualizada de que es probable que una persona se fugue.
Los estados argumentan que ignorar esta salvaguarda genera consecuencias generalizadas, como la disminución de la asistencia escolar, la interrupción de las actividades comerciales y las economías locales, la falta de acceso a la atención médica y la pérdida de confianza en todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo que puede hacer que las víctimas y los testigos sean menos propensos a denunciar delitos a la policía local.
El fiscal general Ellison y la coalición argumentan que la orden judicial no interfiere con la aplicación legal de las leyes federales de inmigración. En cambio, exige que los agentes de inmigración operen dentro de los límites ya establecidos por el Congreso y protege al público de los perjuicios más graves que se producen cuando los agentes federales actúan fuera de su autoridad legal.
Junto con el fiscal general Ellison, firman el escrito de amicus curiae los fiscales generales de Colorado y California, quienes lo codirigieron, y los fiscales generales de Arizona, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
