SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Ellison, presentó comentarios en oposición a los esfuerzos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump para revertir los límites a los “químicos persistentes” tipo PFAS en el agua potable.
Esta reversión significa que los sistemas públicos de agua potable no estarán obligados por ley federal a analizar ciertos químicos, informar sobre su concentración en el agua potable pública ni tratar el agua potable para eliminarlos y evitar que las personas los ingieran.
En los comentarios que el fiscal general Ellison y una coalición de nueve fiscales generales estatales presentaron hoy, recuerdan a la EPA de Trump que esta acción es arbitraria e ilegal. La Ley Federal de Agua Potable Segura contiene una disposición específica para proteger la salud pública que impide a la EPA incumplir sus regulaciones, lo cual es precisamente lo que intenta hacer al revocar una norma de la Administración Biden de 2024 que regula las sustancias PFAS en el agua potable. Eliminar estas protecciones pondría en riesgo la salud de los habitantes de Minnesota y de todos los estadounidenses. El fiscal general Ellison y la coalición solicitan a la EPA de Trump que no revoque la norma de la EPA de Biden.
“Es obvio que proteger el agua potable pública de sustancias químicas altamente tóxicas y persistentes es una función esencial del gobierno y debería ser una de las principales prioridades de Estados Unidos. Para la Fiscalía General de Minnesota, esta ha sido una prioridad durante muchos años. Sin embargo, si hay algo que Minnesota puede esperar de la Administración Trump, es que anteponga las ganancias de los multimillonarios y las corporaciones a su salud”, declaró el Fiscal General Ellison. “Trump lo ha hecho con un billón de dólares en recortes a Medicaid para que multimillonarios como él puedan enriquecerse a costa de los pobres, y lo ha hecho al retractarse de una advertencia sobre la posible causa del brote de ciclosporiasis en la lechuga proveniente de una corporación que donó a MAGA, tan solo unos días después de reunirse con los ejecutivos de dicha corporación”.
“Ahora lo están haciendo de nuevo con nuestra agua potable: facilitan su contaminación con PFAS y dificultan su limpieza, a sabiendas de lo tóxicas que son las PFAS para niños, adultos y animales. Ya no me sorprende que la administración Trump vuelva a priorizar las ganancias corporativas por encima de la salud de los habitantes de Minnesota, pero mi indignación es igual de grande”, concluyó el fiscal general Ellison.
Estados Unidos atraviesa una crisis de contaminación por PFAS. Se han detectado casi 10 000 zonas contaminadas por PFAS en el país , y más de 170 millones de personas beben agua que ha dado positivo en las pruebas de PFAS. Minnesota ya está invirtiendo cientos de millones de dólares para combatir la contaminación por PFAS, financiada en parte por el histórico acuerdo alcanzado en 2018 con 3M por la contaminación en el área metropolitana del este . Estos compuestos químicos persistentes pueden ser tóxicos para las personas y los animales incluso en concentraciones muy bajas. Se filtran a las aguas subterráneas y superficiales a través de materiales de fabricación, vertidos y emisiones de plantas de producción, entre otras fuentes. No se degradan y son difíciles de eliminar del medio ambiente, por lo que representan un peligro para la salud pública a largo plazo. Diversas investigaciones han demostrado que los compuestos químicos tipo PFAS están relacionados con daños en la tiroides, el hígado, los riñones, el sistema inmunitario, la sangre y el sistema reproductivo.
Durante la administración Biden, la EPA implementó una norma definitiva para regular la presencia y la cantidad de sustancias químicas tipo PFAS en el agua potable pública, incluyendo cuatro clases adicionales de estas sustancias. Dicha norma se adoptó en virtud de la Ley de Agua Potable Segura, que otorga a la EPA la autoridad para establecer estándares nacionales para las sustancias químicas y los contaminantes presentes en el agua. La EPA llevó a cabo un proceso de varios años para adoptar esta norma, que incluyó investigaciones, análisis y la consulta pública.
Ahora, la EPA de Trump propone eliminar por completo esta norma para cuatro importantes sustancias químicas tipo PFAS sin ofrecer ninguna razón válida. La agencia no ha analizado cómo esta derogación afectaría al agua potable ni a la salud de las personas, y no ha considerado adoptar una medida más específica ni buscar una solución alternativa.
