
SAINT PAUL, MN
El Fiscal General Ellison se unió hoy a los fiscales generales de California, Colorado e Illinois para demandar a la administración Trump por la directiva de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de recortar ilegalmente más de $600 millones en subvenciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), basándose en sus desacuerdos con las políticas de esos estados.
Esta directiva ilegal recuperaría más de $42 millones en subvenciones ya otorgadas al estado de Minnesota, y se prevén más recortes.
El Fiscal General Ellison y la coalición explican en su demanda que la crucial subvención, que podría cancelarse el 12 de febrero, permite a los estados rastrear brotes de enfermedades, mantener y mejorar sus sistemas de datos y recopilar datos básicos de salud pública de los que dependen los CDC. Estos recortes de fondos también obligarían a los estados a despedir a cientos de profesionales de la salud pública capacitados.
“Una vez más, la administración Trump intenta ilegalmente impedir que nuestros propios impuestos regresen a Minnesota para mejorar la salud y el bienestar en todo el estado”, declaró el Fiscal General Ellison. “Estos recortes solo sirven para continuar la campaña de venganza y castigo de Donald Trump contra el pueblo de Minnesota, por lo que estoy demandando a Trump para bloquearlos. Los habitantes de Minnesota pueden estar seguros de que haré todo lo posible para proteger a nuestro estado de los esfuerzos del presidente por infligir dolor y sufrimiento a quienes se supone que deben servir”.
El 9 de febrero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) notificó al Congreso su intención de cancelar la financiación de las subvenciones de los CDC en esos cuatro estados sin proporcionar ninguna razón específica. Tan solo los recortes a los programas críticos de infraestructura de salud pública de Minnesota superan los 42 millones de dólares. En su demanda, el Fiscal General Ellison y la coalición alegan que la directiva de la OMB que ordena a las agencias recortar la financiación, así como su implementación, viola la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo por ser arbitraria y caprichosa, y exceder la autoridad legal de las agencias.
La subvención más importante contemplada en esta directiva federal es la Subvención Global para Infraestructura de Salud Pública (PHIG), que opera en los 50 estados y financia infraestructura crítica a corto plazo, necesidades de personal e inversiones estratégicas a largo plazo.
Por ejemplo, en Minnesota, la PHIG financia total o parcialmente a 57 empleados del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) que gestionan diversos proyectos importantes, desde la extensión de la salud pública a las zonas rurales de Minnesota, el seguimiento de enfermedades, la capacitación y planificación para la preparación ante emergencias, y mucho más. La PHIG también financia, al menos parcialmente, aproximadamente 200 puestos en las Juntas de Salud Comunitaria de Minnesota. Estos puestos incluyen enfermeros de salud pública directamente responsables de la atención y el bienestar de los minnesotanos.
El Fiscal General Ellison y los fiscales generales han pedido al tribunal que emita una orden de restricción temporal y prohíba la implementación o ejecución de la directiva ilegal.













