MINNEAPOLIS, MN
Una coalición de 17 estados demandó ayer a la administración Trump para que reúna a las familias que fueron separadas en la frontera de Estados Unidos con México después de la implantación de su política de “cero tolerancia”.
Los estados, representados por fiscales generales demócratas se unieron a Washignton, D.C., en la presentación de la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle.
La demanda, en la que se asienta que a los inmigrantes se les negó el debido proceso y su derecho a solicitar asilo, representa el primer desafío legal por parte de estados ante la medida.
Los demandantes son Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
La fiscal general de Minnesota Lori Swanson, dijo al respecto que “ha habido mucha confusión y caos en torno a la política de separación de los niños y la reunificación de las familias. La intervención de un tribunal puede ayudar a ordenar el proceso, proteger los intereses de los niños y reunir a las familias”.
Hasta el momento las autoridades de inmigración han separado a unos dos mil 300 niños de sus padres, desatando la indignación mundial a medida que aparecían imágenes y grabaciones de los niños llorando. Muchos padres están bajo custodia a miles de millas de sus hijos, a quienes no han podido ver o hablado con ellos durante un mes o más.
Después de culpar a los demócratas de las separaciones e insistir en que solo el Congreso podría solucionar el problema, la semana pasada el presidente firmó una orden ejecutiva poniendo fin a su política de “cero tolerancia” que anunciara en abril y que procesa a los adultos que llegan ilegalmente a los Estados Unidos.
Pero los estados dicen que su orden está plagada de advertencias y no logra reunir a padres e hijos que han sido separados. Acusan además a la administración de negar el debido proceso a padres e hijos, negar a los inmigrantes su derechos a solicitar asilo y ser arbitrario en la aplicación de la política.
Muchos de los padres que se encuentran ahora bajo proceso, huyen de la violencia de pandillas en Centroamérica, de la condiciones precarias de vida que viven sus países y de la violencia doméstica.
