WASHINGTON
El Departamento de Justicia demandó a California; al gobernador Jerry Brown; y al fiscal general del estado, Xavier Becerra, sobre más de tres leyes estatales aprobadas en los últimos meses, diciendo que hicieron imposible que los funcionarios federales de inmigración hicieran su trabajo y deportaran a criminales que nacieron fuera de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia calificó las leyes como inconstitucionales y le pidió a un juez que las bloqueara.
La demanda fue el ataque más audaz del departamento hasta el momento contra California, uno de los más fuertes opositores a los esfuerzos de la administración Trump para frenar la inmigración. También sirvió como advertencia para los legisladores demócratas y los funcionarios electos de todo el país que han promulgado políticas de santuario que brindan protección a los inmigrantes sin documentos.
“El Departamento de Justicia y la administración Trump van a luchar contra estas injustas e inconstitucionales políticas que se le han impuesto”, dijo el Fiscal General Jeff Sessions el miércoles en un acto policial en Sacramento, de acuerdo con comentarios preparados. “Creo que vamos a ganar”.
La batalla enfrenta al presidente Trump y al señor Sessions, de línea dura de inmigración, contra Brown y Becerra, quienes se han convertido en francos adversarios que han ayudado a dinamizar la oposición a Trump y han prometido preservar los valores progresistas que creen que California encarna.
La demanda afirma que los estatutos “reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstaculizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración de los Estados Unidos”. También dice que las leyes regulan a las entidades privadas que desean cooperar con las autoridades federales e “impiden la consulta y comunicación de funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley”.
California comenzó a luchar contra la administración de Trump incluso antes de que Trump asumiera el cargo, al oponerse en una serie de cuestiones, incluidas la marihuana, las regulaciones ambientales y los impuestos. Pero la inmigración ha demostrado ser la más polémica, con funcionarios locales asegurando a los inmigrantes indocumentados que harían todo lo posible para protegerlos.
El año pasado, California promulgó las leyes de santuario, que restringen cuándo y cómo las fuerzas del orden público locales pueden cooperar con los oficiales federales de inmigración.
Tanto el Sr. Sessions como el Sr. Trump han amenazado con retirar dinero de subvenciones federales de ciudades y estados que tienen leyes de santuario para proteger a los inmigrantes indocumentados. Sostienen que las políticas infringen las leyes federales y ayudan a los delincuentes a evitar la deportación.
La demanda presentada el martes por la noche en el Tribunal Federal de Distrito en Sacramento es la primera contra un gobierno local o estatal sobre sus políticas de inmigración presentadas por el Departamento de Justicia bajo el Sr. Sessions. Funcionarios del departamento dijeron que no descartarían la posibilidad de otras demandas contra gobiernos locales cuyas políticas interfieran con la autoridad del gobierno federal sobre inmigración. Colorado, Illinois, Nuevo México, Oregón y Vermont tienen leyes estatales de santuario, al igual que las ciudades y condados en más de una docena de estados, según el Centro de Estudios de Inmigración.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia ha demandado a un estado. Durante la administración de Obama, el departamento presentó una demanda de derechos civiles contra Georgia por segregar a los estudiantes con discapacidades de las aulas y demandó a Carolina del Norte por un proyecto de ley para restringir el uso del baño para los ciudadanos transgénero. El Sr. Sessions retiró esa demanda.
El martes por la noche, el Sr. Becerra dijo que estaba seguro de que California prevalecería en la corte y que las leyes estatales y federales no estaban en conflicto.
“En California, nuestras leyes estatales funcionan de acuerdo con la ley federal”, dijo. “Nuestros equipos trabajan juntos para perseguir a los traficantes de drogas y perseguir la violencia de pandillas. Lo que no haremos es cambiar el enfoque en la seguridad pública. Estamos en el negocio de la seguridad pública, no de la deportación”.
El Sr. Becerra dijo que no estaba sorprendido por la noticia de la demanda y que el estado ya había ganado batallas legales contra la administración Trump. “Hemos visto esta película con clasificación B antes”, dijo. “No estamos cumpliendo con su mandato sobre la aplicación y la deportación de inmigración”.
