FRIDLEY, Minnesota.
Las autoridades estatales de Minnesota iniciaron una investigación en las oficinas de Fridley Public Schools, lo que llevó a la junta escolar a colocar en licencia administrativa remunerada a dos de las principales responsables de la administración del distrito: la superintendente Brenda Lewis y la superintendente asistente Rochelle Cox.
La investigación fue confirmada el viernes 13 de noviembre por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés), cuya Unidad de Delitos Financieros y Fraude trabaja en coordinación con la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Minnesota.
Aunque las autoridades no han revelado los motivos específicos ni el alcance de las pesquisas, la intervención se produce después de que el estado expresara preocupación por el manejo financiero del distrito, incluyendo auditorías pendientes, problemas en sus registros contables y el incremento de sus obligaciones económicas.
De acuerdo con información publicada por medios locales, agentes de la BCA acudieron a las instalaciones administrativas del distrito y retiraron cajas con documentos y otros materiales como parte de las diligencias. La agencia estatal indicó que, debido a que se trata de una investigación activa, no puede proporcionar mayores detalles por el momento.
La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota y el Departamento de Educación participan en una investigación por posibles irregularidades. La situación ocurre en medio de serias preocupaciones sobre las finanzas del distrito escolar.
La junta escolar celebró una reunión de emergencia el viernes por la tarde y determinó que Lewis y Cox permanecerán en licencia administrativa remunerada mientras se desarrolla la investigación. El distrito manifestó que está cooperando con las autoridades.
La doctora Amy Cochran, quien se desempeña como responsable de asuntos académicos e innovación, asumirá temporalmente las funciones de superintendente. El distrito también informó que las clases continuarían con normalidad el lunes 16 de noviembre.
La investigación estatal llega en un momento complicado para Fridley Public Schools. El pasado 20 de octubre, el comisionado de Educación de Minnesota, Willie Jett, envió una comunicación a los responsables del distrito expresando preocupación por el retraso en la presentación de su auditoría correspondiente al año fiscal 2025 y por las dificultades para establecer un plan de recuperación financiera.
Según los reportes estatales, el distrito registraba un saldo negativo de aproximadamente 8.3 millones de dólares en su fondo general no reservado al cierre del año fiscal 2025, una de las cifras más elevadas entre los distritos escolares del estado.
También se señaló la dependencia de préstamos de corto plazo para cubrir gastos y pagar obligaciones financieras anteriores, una práctica que podría generar un ciclo creciente de endeudamiento.
El Departamento de Educación solicitó documentación relacionada con nóminas, presupuestos, pagos pendientes a proveedores y un acuerdo de financiamiento por 23 millones de dólares. La dependencia informó que el distrito entregó parte de la documentación requerida, aunque no toda.
Entre los problemas administrativos previamente identificados figuran cambios frecuentes de personal, documentación extraviada, registros duplicados y errores contables. El estado también advirtió que los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones financieras podrían poner en riesgo la entrega de fondos estatales.
Por ahora, las autoridades no han confirmado si la investigación criminal está directamente relacionada con las dificultades financieras señaladas por el Departamento de Educación. Tampoco se han anunciado cargos criminales ni se ha establecido responsabilidad individual de las funcionarias que fueron colocadas en licencia administrativa.
El alcalde de Fridley, Dave Ostwald, señaló que el departamento de policía local no participa en la investigación. La BCA, por su parte, indicó que no existe una preocupación relacionada con la seguridad pública.
Fridley Public Schools atiende aproximadamente a 2,400 estudiantes. Por ello, la situación genera interrogantes sobre la administración de los recursos públicos, la supervisión financiera y la estabilidad de los servicios educativos que recibe la comunidad.
Mientras continúa la investigación, el distrito enfrenta el desafío de mantener sus operaciones, atender los requerimientos estatales y recuperar la confianza de las familias y de la comunidad.
