SAINT PAUL, MN
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció que él y una coalición de 22 fiscales generales ganaron su demanda de diciembre de 2025 contra el ex-director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), Russell Vought , quien intentó de manera ilegal e inconstitucional desfinanciar por completo la agencia que dirigía.
Al conceder la moción de la coalición para un juicio sumario , el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón sostuvo que el actual Director Interino de la CFPB, Mark Paoletta debe solicitar los fondos necesarios a la Reserva Federal para que la CFPB pueda operar según lo previsto por el Congreso: con financiación legal y capacidad para garantizar que los consumidores tengan acceso a mercados justos, transparentes y competitivos para productos financieros de consumo.
El tribunal dictaminó que la insistencia del exdirector interino Vought en no solicitar fondos para la CFPB era ilegal y violaba la cláusula de separación de poderes de la Constitución de los Estados Unidos.
“He apoyado firmemente a la CFPB, tanto como Fiscal General como miembro del Congreso, desde que era solo una idea hasta ahora. La CFPB ha proporcionado miles de millones en ayuda a cientos de millones de estadounidenses en los últimos 15 años; por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que los multimillonarios que controlan la Casa Blanca quisieran desmantelarla y enriquecerse ilícitamente”, declaró el Fiscal General Ellison . “Me complace que hayamos ganado esta demanda para garantizar la financiación completa de la CFPB. El presidente Trump debe entender que nunca dejaré de luchar por la CFPB”.
La defensa que el Fiscal General Ellison ha realizado durante años en favor de la CFPB
La exitosa demanda es una extensión lógica de la larga trayectoria del Fiscal General Ellison defendiendo la CFPB. Como miembro del Congreso, copatrocinó el proyecto de ley que la fundó en 2011 para brindar mayor protección a los consumidores estadounidenses tras la Gran Recesión de 2008 y la crisis hipotecaria e inmobiliaria. En febrero de 2025, se unió a una coalición de fiscales generales en un escrito de amicus curiae advirtiendo a un tribunal sobre el intento de la Administración Trump de desfinanciar y disolver la CFPB .
La administración Trump intenta destruir la CFPB.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) se creó para proteger a los consumidores en el mercado financiero y desempeña funciones esenciales para el buen funcionamiento del sistema financiero. Establecida tras la Gran Recesión, la CFPB es una agencia independiente, financiada íntegramente por la Reserva Federal, que se centra en la regulación de las instituciones y productos financieros para proteger a los consumidores. La CFPB elabora y aplica normas para regular las instituciones financieras, recopila datos económicos cruciales y recibe millones de quejas de consumidores cada año. Además, la CFPB es la única agencia federal autorizada para supervisar a los bancos más grandes del país en lo que respecta al cumplimiento de las leyes de protección financiera del consumidor.
Poco después de asumir el cargo, la administración Trump lanzó una campaña de destrucción y desmantelamiento sistemático de la CFPB, amenazando con causar daños catastróficos a las familias trabajadoras y a los mercados financieros de consumo en todo el país. La administración Trump ha tomado una serie de medidas destinadas a debilitar la CFPB, incluyendo la suspensión de las actividades en toda la agencia, el despido de empleados en período de prueba y el intento de emitir avisos de reducción de personal al 90% de la plantilla de la CFPB, una medida que fue rápidamente bloqueada por los tribunales.
En noviembre de 2025, la CFPB notificó que no solicitaría fondos a la Reserva Federal para continuar sus operaciones, basándose en un análisis legal engañoso que había recibido del Departamento de Justicia de EE. UU., el cual le aconsejaba que no podía legalmente obtener fondos de la Reserva Federal para mantener sus operaciones porque la Reserva Federal no era rentable. En diciembre de 2025, el Fiscal General Ellison se unió a una coalición de 22 fiscales generales para presentar una demanda que impugnaba la decisión ilegal del Director Interino de la CFPB de no financiar las operaciones de la agencia, impidiéndole así realizar las funciones que le correspondían por ley.
En la demanda, los fiscales generales argumentaron que la falta de financiación de la CFPB para la continuidad de sus operaciones, incluyendo el mantenimiento de su base de datos de quejas de consumidores, perjudicaría a los consumidores e impediría el cumplimiento de funciones obligatorias por ley. Los fiscales generales solicitaron al tribunal que declarara ilegal esta acción y garantizara la financiación adecuada de la CFPB, lo cual el tribunal hizo mediante su resolución de sentencia sumaria.
Valor de la CFPB para los consumidores de Minnesota y de Estados Unidos.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha sido un socio invaluable para los fiscales generales estatales y los reguladores bancarios estatales, actuando como organismo de control, regulador y recurso para los consumidores. Trabajando junto con los fiscales generales estatales, quienes cuentan con amplias facultades para proteger a los consumidores en virtud de las leyes estatales y federales, la CFPB está facultada para proteger a los consumidores a nivel nacional de una amplia gama de abusos y prácticas financieras depredadoras, una necesidad que quedó patente durante la Gran Recesión y la posterior crisis hipotecaria. En sus 15 años de existencia, la CFPB ha recuperado más de 21 mil millones de dólares sustraídos indebidamente a más de 205 millones de estadounidenses.
Además de sus propias acciones de protección al consumidor, la CFPB tiene el mandato legal de proporcionar información vital a los estados para apoyar sus propios esfuerzos en materia de protección al consumidor. Los estados dependen de las quejas de los consumidores que recibe la CFPB para investigar irregularidades, obtener reembolsos y compensaciones para los consumidores, y respaldar sus propios litigios relacionados con productos financieros para el consumidor.
Los estados también remiten regularmente las quejas de los consumidores a la CFPB para que les brinde asistencia adicional. Tan solo entre 2022 y 2025, los residentes de Minnesota presentaron más de 46 000 quejas ante la CFPB . Recortar por completo el presupuesto de la CFPB habría eliminado este importante recurso para resolver quejas y garantizar justicia a los consumidores estafados.
