MINNEAPOLIS, MN
En un nuevo informe publicado este Jueves 24 de Abril, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y otras agencias federales durante las operaciones de control migratorio militarizadas a gran escala de la administración Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, DC.
El informe es titulado “Nosotros teníamos silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de los derechos humanos en las operaciones de control de la inmigración en Estados Unidos y el caso para abolir el ICE. DE acuerdo a Amnistía Internacional, muestra que la administración Trump está implementando un sistema de detención y deportación masiva, alimentado por narrativas racistas, xenófobas y falsas, cuyo objetivo es detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de Estados Unidos y sembrar el miedo en las comunidades inmigrantes en general.
“Nuestro informe documenta un patrón escalofriante de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos, cuyo objetivo es infundir miedo en las comunidades de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”, declaró Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El historial de violaciones de derechos humanos del ICE no es nuevo, pero nuestro informe demuestra que muchos de estos abusos han alcanzado un nivel peligrosamente alto”.
La administración Trump ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos ilegales, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones incomunicadas arbitrarias y discriminatorias, incluyendo posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de reclusión que podrían violar la prohibición de la tortura; represión violenta de protestas pacíficas, y más. Con base en estos hallazgos, Amnistía Internacional se suma al coro de voces comunitarias que exigen la abolición inmediata del ICE.
Las conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales, sino que forman parte de patrones recurrentes de abuso con consecuencias devastadoras para los inmigrantes y comunidades enteras.
“Los agentes federales enmascarados y armados que atacan a la gente en las calles con impunidad no hacen que nuestras comunidades sean más seguras, sino que ponen a todos en peligro”, declaró Daar. “El ICE está fundamentalmente roto y no tiene solución. Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos y las normas, el ICE debe ser abolido y debemos empezar de cero”.
El ICE se creó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en los años posteriores se adoptó un marco de seguridad sumamente problemático. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el ICE y una preocupante falta de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003. Sin embargo, la magnitud y el horror que hemos presenciado desde enero de 2025, impulsados por miles de millones de dólares adicionales y una impunidad persistente, han alcanzado niveles sin precedentes.
Las cuatro operaciones resultaron en violaciones de derechos humanos contra inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, personas identificadas como inmigrantes, comunidades negras y latinas, y quienes acudieron en su ayuda y cuestionaron la conducta de la administración Trump. Además, crearon un clima generalizado de miedo que se extendió por comunidades enteras.
En las cuatro operaciones, Amnistía Internacional documentó lo siguiente:
- Operaciones de control migratorio discriminatorias por motivos raciales y detención arbitraria
- Acoso, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales
- El uso de fuerza letal y los asesinatos ilegales por parte de agentes federales deben investigarse como ejecuciones extrajudiciales.
- Represión de las protestas y uso de armas menos letales, incluyendo gas lacrimógeno y gas pimienta, por parte de agentes federales.
- Tecnología de vigilancia y reconocimiento facial ilegal
- Condiciones de detención inhumanas y denegación del debido proceso, que deben investigarse como tortura.
- Detención ilegal incomunicada y posibles actos de desaparición forzada
Tal y como documenta el informe, los agentes del ICE operaban dentro de un entorno institucional —abiertamente respaldado y ampliado por la administración Trump— en el que altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Trump, alentaban prácticas violentas y discriminatorias por motivos raciales en materia de inmigración. Los agentes operaban frecuentemente con máscaras y sin identificación; las salvaguardias destinadas a prevenir y abordar las malas conductas se debilitaron o desmantelaron; y las violaciones de los derechos humanos rara vez iban seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa.
El informe detalla el relato de la representante estatal de Minnesota, Liish Kozlowski, de la tribu Obijwe-Latine, quien dijo: “Mi prima iba en su auto camino al trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y latinas. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. La maltrataron; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘Es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no importa una mierda, esta es nuestra tierra ahora’”.
Este es solo un ejemplo de las docenas que aparecen en el informe, donde los agentes del ICE parecían estar incurriendo en discriminación racial explícita.
«La discriminación racial, el secuestro de personas en la calle, la separación de familias y la detención arbitraria no solo son prácticas ilegales y crueles, sino también profundamente dañinas», declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. «Estas prácticas violan los derechos humanos y provocan miedo, angustia psicológica y problemas de salud duraderos en niños, familiares y comunidades enteras».
El informe también destaca cómo las comunidades se unieron para resistir y protegerse mutuamente. Estas redes desempeñaron un papel fundamental en la documentación de violaciones de derechos humanos y en el apoyo a sus vecinos mediante redes de ayuda mutua, capacitaciones para observadores constitucionales, redes de respuesta rápida, programas de acompañamiento escolar a pie y otras iniciativas para proteger a los más directamente afectados. Las protestas fueron una herramienta importante de resistencia, pero con frecuencia se enfrentaron a actos ilegales por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.
Por ejemplo, en Chicago, el centro de detención de Broadview se convirtió en un punto neurálgico para las protestas contra las acciones del ICE y la Patrulla Fronteriza en la ciudad. El reverendo David Black, quien frecuentemente acudía al centro de Broadview para realizar labores pastorales, declaró: «La escalada de violencia por parte del ICE y la CBP en Broadview, mientras orábamos y cantábamos, fue aterradora». Durante un servicio religioso que dirigió en el centro, el reverendo Black, vestido de clérigo, exhortaba a tres agentes federales que se encontraban en el tejado a arrepentirse, cuando estos le dispararon repentinamente en la cara, los brazos y el torso con proyectiles explosivos de gas pimienta. Él es una de las numerosas personas cuyas experiencias se documentan en el informe.
El informe pone de relieve numerosas violaciones adicionales de los derechos humanos ocurridas durante estas crueles operaciones de control migratorio. Investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 154 personas en las cuatro localidades, lo que permitió a la organización analizar cómo las operaciones de control migratorio afectan a diversas comunidades en diferentes contextos políticos, legales e históricos, y concluir que las violaciones de los derechos humanos documentadas reflejan patrones nacionales más amplios, en lugar de ser incidentes locales aislados.
“Es desgarrador ver el dolor y el sufrimiento causados por esta administración al criminalizar y demonizar a los inmigrantes”, dijo Daar. “También tengo esperanza: las comunidades se han unido en torno a los afectados y, en algunos casos, han obligado a la administración Trump a dar marcha atrás. Debemos exigir responsabilidades a los funcionarios gubernamentales responsables de este reinado de terror y debemos seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad, no en la crueldad”.
