MINNEAPOLIS, MN.-
La farmacéutica Danco, que fue la primera en recibir la aprobación para la mifepristona en el año 2000, pidió este sábado al Tribunal Supremo que restaure temporalmente el acceso a la píldora abortiva que suspendió anoche una corte federal, al asegurar que, de lo contrario, se generará “un caos inmediato”.
“La resolución del panel provoca caos inmediato y convulsión en decisiones médicas altamente urgentes y obliga a Danco, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a los proveedores certificados de Mifeprex, a los pacientes y a las farmacias a adivinar qué está permitido y qué no”, argumentó la farmacéutica en un escrito dirigido al Supremo.
Esta petición se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito restableciera de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para el aborto farmacológico sean dispensadas en persona y no puedan ser enviadas por correo.
Danco es una de las fabricantes de la mifepristona, una píldora que en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones del embarazo en Estados Unidos, según un informa del Instituto Guttmacher, una organización defensora de los derechos reproductivos.
La decisión del tribunal de apelaciones responde a una demanda que cuestionaba las normas que permiten la prescripción mediante telemedicina y la dispensación sin visita médica presencial, y el fallo sostuvo que las regulaciones vigentes permitían sortear las restricciones estatales sobre el aborto.
Sin embargo, Danco alegó que “el caos resultante (…) es un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de una medida de emergencia de este tribunal”.
El caso se enmarca en la creciente batalla legal en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos, en un contexto de fuerte división política, tras la decisión del Tribunal Supremo de 2022 que eliminó la protección federal al aborto.
Actualmente, 13 estados de EE.UU. prohíben casi por completo el aborto, mientras que 28 lo prohíben en función del número de semanas de gestación..
Después del fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida como un “hecho grave” porque pondría en peligro a mujeres que “viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad” y perderán “la opción de la telemedicina” que es igual a perder acceso al medicamento.
