MINNEAPOLIS, MN
Dado que los precios de los alimentos siguen siendo una de las principales preocupaciones de las familias en todo el Medio Oeste, una nueva iniciativa legislativa en Minnesota, Georgia e Iowa se centra en un tema poco conocido pero potencialmente de gran alcance: la “fijación de precios mediante vigilancia”.
Respaldado por el El Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (United Food and Commercial Workers International Union ) impulsa esta iniciativa para evitar que los minoristas utilicen inteligencia artificial y datos personales para fijar precios individualizados para artículos cotidianos como leche, pan y leche de fórmula para bebés.
Desde la perspectiva del consumidor, la preocupación es simple pero significativa: dos compradores pronto podrían pagar precios diferentes por el mismo producto, no en función de las ventas o la ubicación, sino de datos personales, historial de compras o incluso el nivel de ingresos percibido. Los legisladores argumentan que este tipo de precios, si no se regula, podría aumentar silenciosamente los costos para las familias que ya sufren la presión de la inflación.
El problema está adquiriendo urgencia a medida que los principales minoristas como el gigante azul amplían el uso de etiquetas electrónicas para estantes (ESL, por sus siglas en inglés), etiquetas de precio digitales que se pueden actualizar al instante. Combinadas con sistemas de IA, estas etiquetas podrían permitir a las tiendas cambiar los precios en tiempo real —posiblemente varias veces al día—, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad.
Para los consumidores, las implicaciones van más allá de los precios más altos.
Uno de los mayores desafíos es la pérdida de previsibilidad. Tradicionalmente, las compras de comestibles se han basado en precios claros y visibles, que permiten a los compradores comparar y planificar su presupuesto. Con la fijación de precios mediante vigilancia, esa transparencia podría desaparecer.
También existe preocupación por la privacidad de los datos. Si los precios se ven influenciados por el comportamiento personal —como la frecuencia de compra, los productos adquiridos o incluso el código postal— muchos compradores podrían sentir que se les está discriminando injustamente. Los críticos argumentan que esto podría afectar de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos o a aquellas con menos alternativas de compra.
El debate también se extiende al ámbito laboral. El sindicato UFCW, que representa a cientos de miles de trabajadores de supermercados, advierte que el aumento de la automatización mediante etiquetas electrónicas podría reducir puestos de trabajo o transferir responsabilidades a los trabajadores, quienes tendrían que explicar las fluctuaciones de precios a clientes frustrados.
En estados como Minnesota, donde los supermercados son empleadores clave y pilares de la comunidad, los legisladores están planteando el problema como una cuestión tanto económica como social: proteger no solo los precios, sino también la estabilidad de los empleos y los vecindarios locales.
La legislación presentada en varios estados —y a nivel federal— busca prohibir o limitar las prácticas de fijación de precios basadas en la vigilancia, garantizando que todos los clientes vean y paguen el mismo precio por el mismo artículo. Sin embargo, con el rápido avance de la tecnología y las fuertes inversiones de los minoristas en sistemas basados en inteligencia artificial, el resultado sigue siendo incierto.
Por ahora, los consumidores del Medio Oeste se encuentran en la encrucijada entre la innovación y la regulación. La pregunta que los legisladores intentan responder es si la tecnología en los supermercados, en última instancia, beneficiará a los compradores o, por el contrario, trabajará en su contra.
