SAINT PAUL, MN
Este Martes, organizaciones de derechos civiles, funcionarios públicos y defensores de la comunidad se reunieron en Saint Paul, Minnesota en una Audiencia Popular sobre la Aplicación de la Ley de Inmigración, un foro público que escuchó el testimonio de familias directamente afectadas por la aplicación de la ley migratoria federal, organizadores locales, representantes legales y más.
El propósito de la llamada Audiencia Popular sobre la Aplicación de la Ley de Inmigración es documentar y preservar el testimonio público sobre el impacto de la aplicación de la ley migratoria federal en las protecciones constitucionales, los derechos civiles y la seguridad comunitaria. El foro incluye una sección de testimonios públicos y brinda un espacio para examinar las prácticas de aplicación de la ley, incluyendo el uso de la fuerza, las muertes que involucran a agentes federales, las muertes bajo custodia, las detenciones sin orden judicial y el impacto en las protestas legales y la participación cívica.
“Cuando se violan los derechos de las comunidades, escuchar y aprender de las personas directamente afectadas es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Recopilar este tipo de testimonio forma parte de una larga tradición en defensa de los derechos civiles. La audiencia de hoy busca comenzar a construir un registro público claro sobre cómo la aplicación imprudente de la ley migratoria está perjudicando la capacidad de los minnesotanos para mantener nuestras vidas y vivir con dignidad, seguridad y respeto”, declaró el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.
Durante la Operación Metro Surge, las redes de respuesta rápida y los observadores constitucionales de Unidos MN documentaron prácticas de cumplimiento de la ley que generaron serias preocupaciones sobre los derechos civiles y la transparencia. Si bien la operación ha finalizado oficialmente, los agentes federales continúan operando en nuestras comunidades y familias de Minnesota aún sufren sus consecuencias. Nuestras comunidades merecen transparencia, rendición de cuentas y una protección clara de sus derechos constitucionales, declaró Emilia González Ávalos, directora ejecutiva de Unidos Minnesota/Monarca.
En todo Minnesota y en todo el país, las familias inmigrantes viven con el temor diario de que un viaje rutinario, un viaje a la escuela o ir al trabajo pueda separarlas de sus seres queridos. Las prácticas policiales que ignoran los derechos civiles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras, sino que las hacen más vulnerables. Nuestras comunidades merecen políticas basadas en la dignidad, la responsabilidad y la convicción fundamental de que cada familia merece vivir sin miedo”, declaró Edwin Torres DeSantiago, gerente de la Red de Defensa de los Inmigrantes.
Lo que estamos presenciando no es solo un problema de inmigración, sino un problema de derechos civiles. Cuando las tácticas de control minan la confianza, las familias dejan de pedir ayuda, los trabajadores guardan silencio sobre los abusos y comunidades enteras quedan relegadas a la sombra. La Red de Defensa del Inmigrante está aquí para decirlo claramente: proteger a las comunidades inmigrantes significa proteger los derechos civiles y la humanidad de todos nosotros .
Durante más de un año, agentes federales de inmigración se han infiltrado en comunidades, detenido a personas violando sus derechos constitucionales, agredido a transeúntes e incluso han cobrado vidas inocentes. Los habitantes de Minnesota, de todos los ámbitos, han tenido que soportar a diario perturbaciones en sus vidas y, en ocasiones, el terror de una fuerza gubernamental desmedida y autoritaria que actúa sin restricciones ni rendición de cuentas. Aplaudimos a las personas y organizaciones comunitarias locales de Minnesota que demostraron al país lo que significa resistir pacíficamente en defensa de sus vecinos y de nuestros derechos constitucionales y humanos. Tenemos la responsabilidad de escuchar y aprender de quienes han sido testigos y víctimas de los peligros de una presencia federal descontrolada para que podamos evitar que esto siga ocurriendo en comunidades de todo el país», declaró Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana.
Nuestra nación ha presenciado con gran realismo el caos y la brutalidad que enfrentó la gente de Minnesota durante la oleada de medidas migratorias, y la audiencia de hoy brinda un espacio para expresar con valentía sus pensamientos, emociones y espíritu inquebrantable. Dar voz a las historias de las familias y comunidades de Minnesota ayudará a garantizar un registro público, transparencia y rendición de cuentas por las prácticas inhumanas de control migratorio. Las historias que escuchamos hoy también son invaluables para proteger nuestros derechos civiles y constitucionales a medida que avanzamos. Agradecemos a las familias, líderes comunitarios y representantes electos que se unieron por su comunidad y su país. En medio del miedo y el caos, nuestra nación también ha visto la bondad, la solidaridad y la valentía de los minnesotanos, una luz que siempre debe brillar en tiempos difíciles”, dijo Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory.
Estamos aquí hoy para dar testimonio de los testimonios de las comunidades de Minneapolis y St. Paul que han sido aterrorizadas por nuestro gobierno federal. Estamos aquí para inmortalizar sus historias y experiencias para el registro público. Esta administración va a deportar a cualquiera que se vea diferente, tenga acento o parezca diferente. Van a arrestarlos y luego interrogarlos. Van a dispararles y luego interrogarlos. Tienen que presenciarlo. Antes de que los vecinos tengan tiempo de seguir adelante, necesitamos documentar adecuadamente lo sucedido, aprender de lo sucedido y asegurarnos de que no vuelva a suceder, dijo Luis A. Miranda Jr., patriarca de la Familia Miranda y el Fondo de la Familia Miranda .
Agradezco la oportunidad de escuchar de primera mano a la comunidad de Minnesota. Hay demasiadas personas que se han visto directamente afectadas por las atroces y letales medidas federales de control de inmigración. Como presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU., es mi responsabilidad tomar en serio las crecientes preocupaciones que se han planteado ante la Comisión sobre las flagrantes violaciones de los derechos civiles cometidas en nombre de las medidas de control de inmigración, declaró Rochelle Garza, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU.
