MINNEAPOLIS, MN
Minnesota se encuentra ahora en su tercer mes de medidas drásticas a gran escala contra la inmigración federal y un fiscal local y un experto constitucional están discutiendo el estado de protecciones legales fundamentales y el potencial de daños duraderos.
Los registros e incautaciones irrazonables por parte de funcionarios de inmigración se encuentran entre los ejemplos citados por juristas e historiadores que dicen que la administración Trump está cruzando la línea al garantizar ciertos derechos.
Saraswati Singh, un fiscal de Minnesota, se pronuncia sobre el tema en nombre de la American Constitution Society. Afirmó que en todo el país se acepta desde hace tiempo que, si se cumple la ley, no se debería estar sujeto a las tácticas federales que se observan en Minnesota, como la detención de ciudadanos estadounidenses en circunstancias cuestionables.
“Hay un miedo generalizado”, observó Singh. “Porque, de repente, estas reglas que entendíamos y a las que nos ateníamos se ven completamente trastocadas”.
Agregó que es frustrante porque las agencias policiales en Minnesota han estado trabajando en reformas desde el asesinato de George Floyd, y lo que está sucediendo ahora pone a prueba una vez más la fe de la gente en el sistema legal.
Algunas decisiones judiciales recientes han dado a la administración Trump espacio para llevar a cabo sus controvertidas acciones, pero los expertos legales señalan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ignora sistemáticamente las órdenes de liberación en casos individuales, lo que ha provocado amonestaciones de los jueces.
Singh señaló que ahora es más bien una cuestión abierta de rendición de cuentas porque no parece que el sistema legal esté frenando de manera efectiva lo que se ha descrito como un exceso federal.
“¿Qué pasa cuando los jueces federales dicen: ‘No pueden hacer esto’, y se hace de todos modos?”, preguntó Singh.
Jason Marisam, profesor de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline, coincidió en la misma opinión, señalando que el país se ha adentrado en terrenos inexplorados en la defensa de las normas constitucionales. Añadió que han surgido cuestiones éticas en las aulas de las facultades de derecho.
“He visto a estudiantes cuestionar la importancia de estudiar el compromiso con el estado de derecho en estos tiempos, cuando dudan de si este se respetará, incluso si llegan a los tribunales y ganan”, observó Marisam. “Esa no es una buena situación”.
Marisam enfatizó que incluso si las cosas parecen desesperadas, una oleada de presión pública podría convencer a la administración de adherirse a las directivas del tribunal, y ocasionalmente han surgido algunas señales.
