SAINT PAUL, MN
El Fiscal General Ellison obtuvo una importante victoria en el caso para proteger la privacidad de millones de personas en todo el país que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para recibir asistencia alimentaria.
En una demanda interpuesta por el Fiscal General Ellison y una coalición de otros 20 fiscales generales y el estado de Kentucky , el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California ordenó una orden de restricción temporal que impide que la administración Trump exija a los estados que entreguen información personal de todos los residentes que reciben SNAP.
El Fiscal General Ellison y la coalición demandaron a la administración en julio, argumentando que estos datos altamente sensibles, que incluyen direcciones de domicilio, números de Seguro Social, ubicaciones recientes, estatus migratorio y más, probablemente se compartirían entre agencias federales y se utilizarían para la aplicación de la ley migratoria, en violación de la ley.
“La exigencia del gobierno de Trump de obtener información altamente sensible sobre cada solicitante del SNAP en Minnesota es profundamente preocupante, y me complace haber obtenido una orden judicial que bloquea temporalmente dicha acción”, declaró el Fiscal General Ellison. “Si Minnesota cumpliera con esta solicitud, la información que compartimos podría utilizarse para perjudicar a las personas de nuestro estado. Si Minnesota se negaba, el gobierno de Trump amenazó con recortar los fondos destinados a alimentar a las familias de bajos ingresos. Era una decisión imposible, y me alegra que ya no la tengamos por el momento. Seguiré luchando contra esta exigencia ilegal, defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los habitantes de Minnesota de la extralimitación federal”.
Tanto las leyes federales como las estatales prohíben a los estados divulgar datos personales del SNAP, excepto en circunstancias muy específicas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), organismo que administra el SNAP, ha solicitado a los estados que presenten información personal, como nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de Seguro Social, de todos los solicitantes y beneficiarios del SNAP desde enero de 2020. El USDA ha amenazado a los estados con posibles recortes en la financiación del SNAP si se niegan a cumplir. Como resultado de esta nueva exigencia del USDA, los estados se encuentran en la difícil situación de infringir la ley al cumplirla o de proteger la información personal de sus residentes, poniendo en riesgo millones de dólares en fondos destinados a administrar el programa SNAP.
Si bien los no ciudadanos generalmente no son elegibles para los beneficios del SNAP, la ley federal permite que los padres no ciudadanos soliciten beneficios del SNAP en nombre de sus hijos ciudadanos. Minnesota recibe aproximadamente $1.4 mil millones al año para administrar el programa a más de 400,000 residentes, y un recorte en esa financiación perjudicaría gravemente a quienes dependen del SNAP para su sustento.
En una orden de restricción temporal, el Tribunal de Distrito bloqueó la demanda del USDA de que los estados demandantes entregaran los datos de los beneficiarios del SNAP e impidió que el USDA retuviera los fondos del SNAP.
Junto al Fiscal General Ellison en la presentación de la demanda están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como el estado de Kentucky.
