SAINT PAUL, MN
El Fiscal General Ellison presentó hoy un escrito amicus curiae en apoyo a la demanda del Fiscal General de D.C., Brian Schwalb, que impugna el despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump en el Distrito de Columbia.
El Fiscal General Ellison se unió a una coalición de 22 fiscales generales para afirmar que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional sin el consentimiento de D.C. es ilegal, inconstitucional y antidemocrático. El uso de las fuerzas armadas en el país se ha reconocido desde hace tiempo como antitético a los valores estadounidenses. Si bien California y D.C. fueron los primeros lugares sometidos a despliegues federalizados ilegales, el Presidente Trump ha dejado claro que este es el comienzo, no el final, de la ocupación militar de las ciudades estadounidenses.
En el escrito, el Fiscal General Ellison y la coalición instan al Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia a otorgar una orden judicial preliminar y a aclarar que la Constitución prohíbe el uso de soldados como agentes del orden público locales.
“Todos los estadounidenses deberían estar profundamente consternados al ver al ejército estadounidense ocupando importantes ciudades estadounidenses en contra de la voluntad de las autoridades locales”, declaró el Fiscal General Ellison. “Utilizar a nuestras fuerzas armadas para fines policiales nacionales de esta manera es tan inconstitucional como peligroso. Por el bien de nuestra democracia, no podemos permitir que las fuerzas armadas se utilicen como armas contra el pueblo estadounidense. Es fundamental que nos opongamos pacíficamente a este claro abuso de poder del presidente Trump, especialmente dadas sus amenazas de seguir utilizando a nuestras fuerzas armadas para ocupar ciudades estadounidenses. Me enorgullece apoyar la demanda del Fiscal General de Washington D. C., Brian Schwalb, que impugna esta acción inconstitucional e inadmisible”.
La experiencia de California, el primer estado en experimentar el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump sin el consentimiento de su gobernador, sirve como advertencia del daño que causa la presencia militar continua en un estado. Durante más de tres meses, tropas de la Guardia Nacional federal de California han estado desplegadas en las comunidades californianas. Durante este tiempo, la presencia de las tropas ha generado temor entre los californianos, provocando que la población se quede en casa, no se presente a trabajar y evite las zonas donde hay despliegue militar.
El uso de tropas de la Guardia Nacional federal ha dañado la confianza entre las fuerzas del orden locales y la comunidad, ya que las tropas se han encargado de la aplicación de la ley civil y tuvieron una amplia presencia durante las redadas de inmigración en las primeras semanas de su despliegue. Estas tropas fueron desviadas de funciones estatales esenciales, como la lucha contra incendios forestales. En junio de 2025, la mayoría de los equipos de bomberos especializados de la Guardia Nacional de California fueron desviados de su grupo de trabajo de extinción de incendios forestales en plena temporada alta y, en su lugar, desplegados en las calles de Los Ángeles.
Tomando como lección la reciente experiencia de California, el Fiscal General Ellison y la coalición argumentan que:
– Utilizar a los militares para hacer cumplir la ley a nivel local, como lo ha hecho el Presidente en el Distrito, altera el delicado equilibrio entre la autoridad civil y militar establecido en la Constitución.
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional vulnera las facultades policiales reservadas a los estados y municipios. La Constitución establece un gobierno federal con facultades limitadas y enumeradas; la facultad policial general no figura entre ellas.
Las tropas de la Guardia Nacional no están preparadas para participar en la aplicación de la ley civil, ya que carecen de capacitación en procedimiento penal, derechos civiles, investigación criminal y desescalada. Esto genera complicaciones y peligros tanto para el público como para las tropas que interactúan con ellas.
– Los estados necesitan que la Guardia Nacional esté disponible para funciones vitales de seguridad y en caso de desastres naturales.
El Procurador General Ellison se suma a los fiscales generales de California, Maryland, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin en la presentación del escrito.
